La Comisión de Derechos Colectivos conoció la resolución de la Juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Santo Domingo de los Tsáchilas, a través del cual solicita la aprobación en el plazo de 10 meses de la Ley de Personas Adultas Mayores.
Los parlamentarios aseveraron que tanto la Constitución de la República, como la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina quienes tienen, entre sus competencias, la facultad de presentar proyectos de ley.
Explicaron que la Función Judicial puede presentar un proyecto de ley, pero en el ámbito de sus competencias, a la vez aseveraron que no es posible que a través de acciones de protección se pretenda imponer a la Función Legislativa la aprobación de proyectos de ley.
Por esta razón, la comisión decidió remitir a la Coordinación de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional para que emita su criterio, sobre si es o no vinculante la disposición de la juez en referencia, sin perjuicio de la predisposición de tratar el tema como proyecto de reforma a diversos cuerpos legales para adultos mayores.
Según la disposición de la Juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias con sede en Santo Domingo de los Tsáchilas, la Asamblea debe expedir la Ley de las Personas Adultas Mayores para garantizar el derecho al debido proceso y a la defensa en las audiencias, para resolver posibles violaciones de los derechos humanos.
PV
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