Con el voto favorable de todos sus miembros, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Competitividad Energética, que tiene por objeto superar la crisis energética, mediante la promoción de soluciones económicas y de generación de energía, optimizando el manejo de los recursos públicos asociados al sector eléctrico en el ámbito público y privado.
Valentina Centeno, presidenta de la mesa legislativa, señaló que para este segundo informe se han incluido alrededor de 20 observaciones presentadas por los legisladores, relacionadas con la jerarquía de las empresas para las concesiones, participación de empresas estatales extranjeras, incentivos para el uso de energías limpias, responsabilidades de los gobiernos autónomos, inversión privada para ampliar la cobertura de tendido eléctrico, entre otros.
Entre los principales cambios, el articulado establece que los contratos de inversión en el sector eléctrico que se suscriban con Ecuador incluirán una cláusula de precios de compra de energía, determinada en coordinación con el Ministerio rector de la energía y electricidad; los consumidores regulados y no regulados podrán instalar sistemas de generación distribuida, a partir del uso de Energías Renovables No Convencionales – ERNC, exclusivamente para su autoabastecimiento, sin la posibilidad de comercializar los posibles excedentes.
Determina que la actividad de transmisión eléctrica será realizada por el Estado a través de la respectiva empresa pública, pudiendo autorizar en primera instancia a empresas mixtas, donde el Estado tenga participación mayoritaria y de forma excepcional la participación de la empresa privada, estatal extranjera y de economía popular y solidaria, para nuevos proyectos de transmisión.
En cuanto a las reformas propuestas a la Ley de Eficiencia Energética, se modifica la conformación Comité Nacional de Eficiencia Energética, agregando un delegado de la Secretaría Nacional de Planificación; y, le otorga la facultad de elaborar el procedimiento para la conformación y operatividad del Fondo Nacional de Inversión para Eficiencia Energética.
Establece como responsabilidad de los GAD la ejecución en territorio de los ejes y líneas de acción del Plan Nacional de Eficiencia Energética, que incluyen los sectores de tránsito y transporte, normas de construcción eficiente y gestión de desechos sólidos. Además, les obliga a reportar anualmente las acciones realizadas para impulsar y promover el transporte 100 % eléctrico y de cero emisiones al Comité Nacional de Eficiencia Eléctrica.
A partir del año 2030 todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público deberán ser únicamente de medio motriz 100 % eléctrico o de cero emisiones, para lo cual, deberán desarrollar estudios e implementación de la infraestructura necesaria para ello y crear un plan de chatarrización para los vehículos que salgan de servicio.
Finalmente, la norma prohíbe todo tipo de delegación al sector privado de infraestructura existente que se hayan financiado con fondos del Presupuesto General del Estado; y, el ministerio de ramo declarará de interés nacional a los proyectos de energía eléctrica que se encuentren en etapa de construcción y presenten al menos el 90 % de avance, así como a las centrales de generación existentes que requieran mantenimiento.
El informe fue enviado a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea tramitado por el Pleno Parlamento.
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