Representantes del Conadis, IESS, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIESS) y de la Universidad Central acudieron a la Comisión de Derechos Colectivos, para presentar sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades, en el marco del tratamiento del informe para segundo debate.
Edison Martínez, secretario técnico del Conadis, indicó que existen artículos que deben modificarse para poder garantizar un auténtico beneficio para las personas con discapacidad.
Expuso sus observaciones a las normas sobre el grado de discapacidad, discapacidad severa y las acciones afirmativas en favor de estas personas. También se refirió al documento habilitante que identifica a una persona con discapacidad. A su criterio, es la cédula de identidad, la credencial necesaria, más que el carné de discapacidad, que debería presentarse en toda gestión, lo que facilitaría un monitoreo y seguimiento de la atención que el Estado ofrezca a este grupo.
Uno de los puntos controversiales observados por el Secretario del Conadis, se relaciona con las afiliaciones y las plazas de trabajo para las personas con discapacidad. Al respecto, solicitó mayor participación e intervención del IESS, para que se pronuncie sobre la realidad de las afiliaciones, en vista de que solo un 27 % de empleados, con esta condición, se encuentra en relación de dependencia y afiliados.
Dijo que es importante dar seguimiento al cumplimiento de la Ley sobre la contratación del 4 % de personas con discapacidad, porque al momento son 3 mil empresas privadas que lo incumplen.
La asambleísta Jahaira Urresta solicitó al representante del Conadis que presente los nudos críticos, que se registren en la articulación con las diferentes instituciones involucradas en el tema de discapacidad.
El subsecretario de Discapacidades del MIES, Manuel Bazán insistió en la importancia de un cambio de paradigma en el tratamiento de este grupo de atención prioritaria. Sostuvo que tanto la persona afectada por una discapacidad, como su familia son sujetos de derechos. Por ello, dijo “desde el MIES promovemos políticas de atención social a los afectados y sus familias”.
Para Bazán, el mayor nudo crítico está en que aún este grupo poblacional no tiene una filosofía de independencia y autonomía. “Hay que eliminar toda barrera para todo tipo de discapacidad y para ello, es necesario ejecutar políticas de protección social y cuidado que permitan una vida autónoma e independiente”, insistió.
Alexandra Valdospinos, directora de Afiliación y Cobertura del IESS, dijo que las pensiones jubilares que se proponen en el proyecto deben gozar de sostenibilidad, ya que es prioritario conocer de donde se financiarán los fondos.
En este aspecto, José Martínez, técnico de la institución, recalcó que es indispensable realizar estudios actuariales para garantizar dicha sostenibilidad. “Estamos conscientes de que es necesario aplicar acciones afirmativas a este grupo social, sin embargo, es imprescindible realizar reformas a la normativa de la Seguridad Social, pues desde los 20 a 25 años de prestación de servicios, los empleados con discapacidad ya pueden jubilarse.
Paulina Palacios, delegada de la Dirección de Investigación de Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central, expresó que la reforma debe ser progresiva e incluir parámetros interculturales, como el lenguaje de señas.
Estas observaciones serán una guía para preparar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades.
Al concluir la sesión, la comisión aprobó el cronograma para el tratamiento del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que incluye comparecencias de la sociedad civil, académicos, instituciones del Estado y afectados o beneficiados; mesas técnicas; y, un taller para la socialización del informe, que pasará a debate en el Pleno.
KC/pv
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