Delegados de los ministerios de Finanzas, de Salud y del Ambiente acudieron hoy a la Comisión de Derechos Colectivos para brindar sus aportes y realizar observaciones a la construcción de la nueva Ley Orgánica de Discapacidades.
La primera en participar fue Olga Núñez, subsecretaria del Presupuesto del Ministerio de Finanzas, quien observó que “existen generalidades en el señalamiento de financiación para el cumplimiento de los artículos que refieren a cobertura médica y exoneraciones de impuestos para las personas con discapacidad”.
Para la funcionaria, si no se subsanan estas generalidades, la ley correría el riesgo de no cumplir sus objetivos, por lo que instó a los parlamentarios a plantear fuentes de financiamiento específico para cada uno de los artículos que lo requieran.
Posteriormente, participó el director nacional de Discapacidades, Rehabilitación, y Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública, Carlos Salgado, quien sugirió se incluyan en el proyecto de reforma, dos artículos relacionados a la categorización de todos los tipos de discapacidades, y la atención en salud mental para las personas con discapacidad.
El delegado señaló que la cartera de Estado trabaja desde el 2018 en el nuevo manual de calificación y recalificación de discapacidades y que actualmente se encuentra en la etapa final de elaboración. “Este instrumento fue construido con organizaciones de personas con discapacidad, academia y el sistema de salud en todos sus niveles”, aseguró.
Este manual contiene una caracterización que se fundamenta en la realidad biopsicosocial de cada discapacidad e incluye procesos de capacitación y sensibilización, para que el personal de salud pueda otorgar la calificación y categorización correcta mejorando la calidad de vida de estas personas.
Aseguró también que todos los funcionarios que están bajo sospecha de otorgar carnés de discapacidad fraudulentos no realizarán calificaciones.
Por otra parte, Rosa Rodríguez, del Ministerio del Ambiente, observó el artículo 62 de la reformatoria, que requiere a la autoridad ambiental, a través del Instituto Nacional de Biodiversidad, llevar un registro sobre los animales de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad.
Hizo hincapié en que este instituto no tiene la competencia para elaborar dicho registro, pues ya es realizado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de cada provincia.
Para concluir, el legislador Adrián Castro, presidente encargado de la comisión, sugirió que se incluya una transitoria para otorgar un período a los GAD, para que reformen sus ordenanzas y regulen la atribución para certificar a animales de acompañamiento.
CV/pv
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