La Comisión del Derecho al Trabajo cumplió este viernes una amplia agenda con la participación de autoridades, actores sociales y dirigentes gremiales, con quienes analizó la situación de los extrabajadores de El Comercio; de los trabajadores del Ministerio de Educación; y, la jubilación anticipada en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).
En el análisis de la jubilación anticipada, reforma que fue propuesta por el asambleísta Mauricio Zambrano, fueron escuchados Gilbert Vega, director actuarial del IESS y Uber Orozco, comandante del Cuerpo de Vigilancia de la CTE.
Gilbert Vega expresó que por disposición de la Constitución todo beneficio debe estar debidamente financiado. Explicó que, según la propuesta, los servidores de la CTE tendrían la jubilación especial por los riesgos a los que están expuestos en el trabajo. Señaló que para financiar esta jubilación se necesita el aporte adicional del 4.488 % de parte del patrono y 2.92 % del trabajador. Accederían a la jubilación a los 25 años de servicio sin límite de edad, con el 80 % del sueldo y de manera progresiva hasta llegar al 100 % a partir de los 35 años de servicio.
De su lado, Uber Orozco, tras informar que el Cuerpo de Vigilancia de la CTE está constituido por 5.600 uniformados, de ellos 540 mujeres, dijo que están expuestos a muchos riesgos, situación que amerita aplicar la jubilación especial, mediante una reforma a la Ley de Seguridad Social. Afirmó que el Seguro Social prevé 60 años de edad o 360 imposiciones para acceder a la jubilación, pero que en muchos casos los vigilantes no llegan a cumplir porque o son atropellados en las vías o asesinados por la delincuencia.
Los legisladores Xavier Jurado y Mauricio Zambrano argumentaron los riesgos a los que están expuestos los vigilantes de la CTE, así como las condiciones en las que desarrollan su trabajo. Por ello, indicaron que es necesario hacer justicia social y laboral, a través de una jubilación digna, criterios que fueron compartidos por los legisladores Francisco Cevallos, Johanna Ortiz, Marcela Holguín, John Polanco y María Teresa Pasquel. Jaime Guevara, en cambio, sostuvo que se requiere que la jubilación especial esté financiada. Luzmila Abad anunció que siempre respaldará los derechos de los ecuatorianos.
Extrabajadores de El Comercio
En otro orden, los dirigentes de la Asociación de Extrabajadores de El Comercio, su abogado, Washington Andrade; y, del Sindicato de Extrabajadores y Empleados expusieron la problemática existente.
Soraya Quiyupanqui, de ASOEXELCOMERCIO, manifestó que los extrabajadores están desamparados, por lo que exigen justicia. Informó que son 500 afectados que trabajaron no menos de 10 años. Solicitó que se fiscalice a las autoridades que no han cumplido su misión, al no exigir el pago de los haberes. Afirmó que en el caso del Ministerio del Trabajo no les da respuesta, pese al incumplimiento de los acuerdos.
Añadió que otros casos llegaron al Consejo de la Judicatura que dispuso el pago de la totalidad de los haberes, pero que El Comercio dice que no pagará porque no hay dinero, pese a lo cual la Judicatura no hace nada para hacer cumplir sus resoluciones.
Eduardo Terán denunció que viven una situación difícil por la falta de pago de sus haberes durante 14 meses y la actitud del propietario que se burla de las leyes, por lo que demandó la intervención de la comisión. También solicitó que el Ministerio de Telecomunicaciones revise las frecuencias de radio y televisión que tiene en el país el empresario mexicano Ángel González.
Washington Andrade, abogado de los extrabajadores, advirtió que el personal que permanece en la empresa vive una situación difícil, ya que están impagos en sus remuneraciones por más de ocho meses, a la vez informó que en el Ministerio de Trabajo se ha iniciado el trámite del pliego de peticiones. Entre los problemas señaló que la empresa dejó de pagar la jubilación patronal, así como las liquidaciones a quienes fueron separados de sus puestos de trabajo. Pidió que la Superintendencia de Compañías informe las empresas vinculadas al grupo El Comercio y los accionistas.
El presidente de la comisión, Johnny Terán anunció que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, comparecerá ante la mesa legislativa el miércoles de la próxima semana para tratar este caso.
La legisladora Marcela Holguín indicó que son 252 extrabajadores que no reciben respuesta desde que iniciaron los despidos y más de 150 trabajadores que están impagos por 8 meses. Informó que desde su despacho realizó varios pedidos de información al Ministerio de Trabajo desde diciembre de 2022, sin obtener respuesta. Sugirió iniciar acciones de fiscalización al Ministerio de Trabajo, IESS y SRI. Johanna Ortiz advirtió que hay una afectación a los derechos laborales y humanos. Comparte la necesidad de pedir información a las autoridades competentes, para que se haga justicia.
María Teresa Pasquel, al igual que John Polanco se solidarizó con los trabajadores y exigió el cumplimiento de la ley, ya que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Jaime Guevara propuso dar el acompañamiento ante los entes responsables para que se resuelva este problema.
Trabajadores del Ministerio de Educación
Edwin Salazar, secretario general del Comité de Empresa Único de los Trabajadores de Servicios del Ministerio de Educación, denunció que son víctimas de actos de discriminación. Recordó que el Ministerio de Trabajo oportunamente emitió el acuerdo que fija la tabla salarial para todo el sector público, pero que lamentablemente no se cumple en este caso.
Al recordar que son 5.600 trabajadores, informó que han planteado varias acciones hasta llegar a presentar un pliego de peticiones y que lamentablemente hasta la fecha no han cumplido a 866 trabajadores impagos desde 2015, pese a que existían los fondos respectivos. “No quieren homologar los sueldos de todos los trabajadores”, enfatizó.
El asambleísta Adrián Castro expresó que el sindicalismo debe ser fortalecido para defender los derechos de los trabajadores y que en este marco trabaja para la despolitización de los gremios que deben ser de y para los trabajadores
Por último, la comisión revisó los proyectos represados, entre ellos varios que reforman el Código del Trabajo, mismos que serán unificados por unidad de materia.
PV
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