La ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo acudió a la Comisión de Biodiversidad para informar las acciones de control para frenar la minería ilegal en el Ecuador, en el contexto del combate contra el crimen organizado transnacional.
La ministra solicitó que esta sesión sea de carácter reservado, debido a la sensibilidad de la información, lo que fue negado con votación unánime de todos los comisionados, a fin de transparentar la información a la ciudadanía.
“En lo que se refiere a los operativos para enfrentar la minería ilegal, de la que se nutre el crimen organizado, en el año 2023 hemos realizado 413 operativos a nivel nacional”, mencionó.
Como resultado de estas actividades se han decomisado o inhabilitado excavadoras, motores de succión, cucharas metálicas, generadores eléctricos, dragas, soldadoras, entre otros. “El avalúo estimado del material decomisado, únicamente en la provincia de Imbabura, detectada como zona de alta influencia de minería ilegal, es de un millón 938 mil dólares”, declaró.
Además señaló que, en la provincia de Napo, sector Yutzupino, Buenos Aires en Imbabura y Zaruma en El Oro, se han localizado evidencias de piscinas de extracción de mineral aluvial, destrucciones e inestabilidad de terrenos a gran escala y, hundimientos de infraestructuras y superficies.
Informó que se han detectado también, según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 14 zonas donde se realiza minería ilegal cuyas ganancias financian acciones del crimen organizado.
Al finalizar su intervención, mencionó que: “El Estado ecuatoriano usará el material incautado para su beneficio. Así promovemos un mejor manejo de estos recursos destinándolos hacia la reparación de infraestructura y de la red vial nacional”.
En un estado de conflicto armado interno, la minería ilegal es una amenaza para la seguridad nacional, coincidieron los parlamentarios de la comisión, por lo que solicitaron a la autoridad que, de forma urgente, se articulen acciones junto a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para contrarrestar el crecimiento y financiamiento ilegal de los GDO.
También solicitaron a la ministra una urgente separación de los funcionarios involucrados en casos de corrupción, ya que esta es una de las principales amenazas frente a la lucha estatal contra la delincuencia organizada.
CV/pv
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