La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez compareció ante la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, con el objetivo de informar el cumplimiento del artículo 41 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
El artículo en mención obliga a los empleadores a contratar a residentes de las provincias amazónicas, en un 70 %, bajo el régimen del Código del Trabajo o de la Ley Orgánica de Servicio Público.
La ministra indicó que una vez aprobado el artículo 41, se conminó a las empresas, especialmente mineras, a contratar a personas nacidas en la región amazónica y que sobe esa base legal el ministerio aplicó la norma técnica, relacionada con el empleo preferente. “Esta ley tuvo la finalidad de dar prioridad a esta población”, recalcó.
Informó que, en cumplimiento de la normativa, se delegaron 8 inspectores del Trabajo, y se procedió a la contratación de empleados. “Hasta el 2023, por provincia han ingresado a trabajar personal en: Morona Santiago 473 servidores públicos; Napo 436; Orellana 967; Pastaza 322; Sucumbíos 10.228; Zamora Chinchipe 844. En total han ingresado 40.681 personas, no solamente en el sector minero, sino en los sectores que mantienen relaciones laborales en la Amazonía”, informó la ministra.
También se colocó en la bolsa pública de empleadores y buscadores de empleos, a 172.730 personas, desde 2018 a 2023.
En cuanto a suscripciones de trabajo, a raíz de la aprobación de la Ley de Empleo, Juvenil desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el momento, se han contratado 6.000 personas, entre 18 y 29 años de edad.
En la Amazonía, también se han realizado cursos de capacitación y en el caso de incumplimiento del artículo 41, se han aplicado las debidas sanciones. De igual manera, indicó que la institución ha receptado denuncias de acoso laboral, y la sanción al acusado es el pago de una multa, es decir la última remuneración por doce meses y la desvinculación del funcionario.
Al respecto, consideró importante poner en conocimiento de la comisión, que el Ministerio de Trabajo, en 2020, impulsó el acuerdo ministerial “Acoso Laboral y Toda Forma de Violencia Contra la Mujer en los Espacios de Trabajo”, que tiene la normativa necesaria para realizar denuncias de orden administrativo y legal ante el Ministerio de Trabajo.
Los asambleístas de la Amazonía advirtieron que persisten las inquietudes sobre el empleo preferente para la población amazónica, por lo que demandaron el inicio de la investigación para determinar el cumplimiento de la ley.
La asambleísta Luzmila Abad propuso conformar de manera inmediata una mesa técnica entre el Ministerio de Trabajo y la comisión, con la presencia de los asambleístas amazónicos, para tratar la reforma al Código de Trabajo, contratos colectivos e individuales de trabajo, regulación de las atribuciones del ministerio, regulación de la aplicación de la Ley Amazónica con relación al empleo referente, verificación salarial de puestos jerárquicos de empresas estratégicas del Estado, entre los principales temas. De forma unánime, la moción fue aprobada.
En relación a los empleados de Diario El comercio, la ministra Núñez, dijo que está cumpliendo la disposición del presidente de la República, Daniel Noboa, de que quienes se acerquen al ministerio, sean escuchados. En este aspecto, dijo que han sido atendidos no solamente empleados de Diario El Comercio, sino también, extrabajadores de Gamavisión, Canal 1 y Telerama.
Específicamente con el expersonal de Diario El Comercio, informó que no existía un sindicato de trabajadores, pero, al momento, han logrado organizarse en el Sindicato.
Sobre el pliego de peticiones, expresó que no le compete pronunciarse. “Hay una fase administrativa que debe desarrollarse y tendrá que ejecutar la autoridad competente”, insistió.
En otro orden, comentó que la aplicación de “sueldos de lujo” en varias instituciones estatales, implica el incumplimiento del decreto ejecutivo que dispone que ningún funcionario público puede tener una remuneración mayor a la del Presidente de la República.
La ministra denunció que existen más de 300 funcionarios con sueldos de lujo. Sus remuneraciones superarían los 9 mil y 10 mil dólares. Ejemplo, el gerente general de CNT.
Las acciones tomadas por el Ministerio de Trabajo, para iniciar medidas correctivas son: solicitud de información de nómina con los respectivos sueldos actualizados, identificación de fechas de autorización y bajo qué directorio se realizaron los aumentos de sueldo, informe sobre los contratos colectivos suscritos, algunos están vigentes y no tienen autorización del Ministerio de Finanzas, informó.
Al respecto, los parlamentarios exhortaron a la autoridad a recuperar el dinero que se ha pagado en exceso a servidores públicos y la regulación de la contratación colectiva.
KC/pv
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