La Comisión de Régimen Económico, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha Contra la Corrupción, recibió al ministro de Economía, Juan Carlos Vega, quien subrayó que el objetivo de la propuesta es promover la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como la lucha contra la corrupción para debilitar al crimen organizado.
Afirmó que para ello, es fundamental la monetización de los activos incautados que no han podido ser justificados o son de origen ilícito. Apoyó que los bienes sean utilizados en inversión, en programas destinados a desarrollo integral infantil con énfasis en educación, erradicación del trabajo, además de la desnutrición infantil; atender, mitigar y solventar los efectos de desastres y fenómenos naturales a nivel nacional; elaboración y ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo económico, social, deportivo o cultural.
Informó adicionalmente que, en la actualidad en la cuenta única, los recursos por los conceptos referidos en el proyecto de ley se registran como fondos de terceros, los cuales al 31 de diciembre de 2023 suman USD 110,6 millones.
La legisladora María Mercedes Erbs solicitó explicaciones sobre el uso de los bienes actualmente incautados, porque existiría una deficiencia en el manejo por parte de Inmobiliar. Eckenner Recalde aplaudió la propuesta del Ejecutivo y alertó que “existirían bienes del Seguro Social, de Inmobiliar y de la Secretaría de Tierras que habrían sido adjudicados a precios irrisorios”.
El asambleísta Jorge Álvarez comentó sobre los mecanismos para la recuperación de bienes, así como el seguimiento a las acciones del SERCOP. Jorge Peñafiel dijo que ha identificado ciertos elementos en la normativa que no aseguran el cumplimiento del objetivo. En este sentido pidió analizar las excepciones en los procesos de contratación pública, constante en el artículo 57 del proyecto.
Cristhian Vega reflexionó sobre el archivo de las causas y la reparación considerando el principio de la presunción de inocencia, además sobre los mecanismos para la venta anticipada de bienes incautados.
La Comisión de Régimen Económico, también, recibió a Juan Pablo Castillo, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), quien explicó varios artículos del proyecto urgente en materia económica, en consideración que el mayor perjuicio al Estado tiene relación con los casos de corrupción en la contratación pública.
El delegado de la Superintendencia de Bancos, Iván Jácome recordó la evolución de los procedimientos a nivel mundial, especialmente por la existencia de funcionarios que después de cumplir una sentencia salen a seguir beneficiándose de los activos.
Jácome expresó que según el proyecto la Superintendencia de Bancos tiene la función de supervisar y regular las actividades financieras en el país, por lo que, colabora en la detección de transacciones sospechosas. En este aspecto, solicitó que se incorpore a otras instituciones.
El abogado Marco Morales, otro de los expositores, con relación a la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública que consta en el proyecto urgente realizó tres comentarios: la prevención de lavado de activos como objetivo adicional del sistema; contratación excepcional o “llave en mano” en donde se deberá precisar que el riesgo será responsabilidad del contratista; y, falta de órgano competente para aplicar la figura del decomiso administrativo especial como medida cautelar de carácter preventivo, por lo que se debería incluir en la normativa sobre minería y ambiente.
También recibió al abogado César García, quien resaltó la oportunidad de la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, en contra de las redes criminales. Expresó su preocupación con la competencia de la Fiscalía para iniciar la investigación patrimonial de oficio, porque “puede ser peligroso”.
AM/pv
Más fotografías:
