El proyecto de Ley de Cooperación del Estado Ecuatoriano con la Corte Internacional volvió al debate en la Comisión de Relaciones Internacionales, por lo cual escuchó la opinión y las sugerencias de representantes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Este proyecto tiene como objetivo garantizar la investigación, enjuiciamiento y entrega de personas que hayan cometido crímenes graves contra la humanidad, como el genocidio, desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Jonathan Parra, presidente de la comisión, agradeció la colaboración de los funcionarios, cuyos aportes permitirán enriquecer el proyecto y elaborar el informe para primer debate.
Lorena Merizalde, delegada de la CNJ, tras anunciar que enviarán por escrito las observaciones, sostuvo que el proyecto tiene definiciones importantes de figuras como la entrega y la extradición, pero que hace fata definir otros aspectos como el traslado provisional, detención provisional, detención en tránsito en el Ecuador para determinar cuándo se aplican, para la cooperación con la corte Penal Internacional y evitar complicaciones en la aplicación de la ley.
También sugirió diferenciar tres figuras jurídicas aplicables: entrega, extradición y repatriación, para que haya claridad en qué consiste cada una de ellas y el procedimiento para su aplicación.
Sebastián Cornejo, de Asesoría Jurídica de la CNJ, señaló que el proyecto debe guardar relación con el COIP y nace de la necesidad de viabilizar la aplicación de tratados y convenios internacionales suscritos por Ecuador, a fin de complementar el ordenamiento jurídico interno. Manifestó que si se quiere modificar las competencias del Presidente de la CNJ es necesario reformar otras leyes, entre ellas, el Código de la Función Judicial. También presentó sus observaciones sobre allanamientos, detenciones y traslados.
La asambleísta Carla Cruz recordó que el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (CPI), ya contiene un marco amplio de definiciones, mientras que Ricardo Ulcuango afirmó que es un proyecto de ley que debe ser mejorado y para ello han requerido la comparecencia de diversos sectores. “El objetivo es determinar de qué manera el Estado puede cooperar con la CPI para que se cumplan sus resoluciones”, subrayó.
El presidente de la comisión, Jonathan Parra manifestó importancia de no violentar las garantías procesales, las funciones ni competencias de los organismos judiciales, a fin de preparar una ley eficiente, que cumpla los objetivos propuestos.
A la sesión también fueron invitados directivos de la Fiscalía General del Estado; no obstante, no acudieron, por lo que serán llamados a una próxima sesión.
PV
