El análisis y socialización del proyecto unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal continuó este miércoles en la Comisión de Justicia, para lo que escuchó las sugerencias y comentarios de representantes de la Fiscalía General del Estado, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y de la Academia.
En la sesión participaron Ricardo Reyes, de la Fiscalía; María Agusta Pérez, del SNAI y Miguel Costaín, docente universitario.
El presidente de la comisión, Fernando Cedeño informó que, sobre el tema, materia de debate, han requerido información al Director del SNAI y al Presidente del Consejo de la Judicatura y están a la espera de la respuesta.
Miguel Costaín expresó que la Asamblea Nacional tiene límites respecto a los cambios en el Sistema Penal, pues para lograr una modificación integral se requiere trabajar en reformas a la Constitución.
El garantismo de derechos está vigente y no es malo, pero la visión estructural de la Constitución prevé el sistema de prevención general. “El Derecho Penal está para atacar a las personas que cometen los delitos, pero el sistema de prevención deja de lado aspectos como el derecho de la sociedad a defenderse”, comentó.
Advirtió que es posible revisar la dosimetría de la pena para determinar si se puede aumentar o no las sanciones. No obstante, expresó que el aumento de las penas no incide en la reducción de la tasa criminal. También presentó observaciones sobre los delitos contra la eficiente administración pública, peculado, concurso real de infracciones, sistema de conexidad de delitos y los beneficios penitenciarios. Sostuvo que el sistema de ejecución de penas debe ser rediseñado en su conjunto con reformas estructurales.
Ricardo Reyes, de la Fiscalía, resaltó que la reforma crea herramientas para combatir la corrupción y contribuyen en la lucha contra la criminalidad organizada. Señaló que es necesario precisar los requisitos para asegurar la legítima defensa de las personas, entre ellas, la agresión actual ilegítima o inminente, frente a la cual el ciudadano tiene derecho a defenderse.
Consideró innecesaria la reforma sobre la especificidad de las circunstancias o escenarios de legítima defensa, ya que puede dar paso a lugares de impunidad e inconvenientes en la aplicación de la ley.
También expuso sus observaciones a la reforma relativa a delitos por omisión dolosa e imprudente. Comentó que limitar la detención a fines de investigación mermaría la gestión de la Fiscalía. Opinó que el incremento de penas, sin el acompañamiento normativo y social no tiene efectos disuasivos del crimen.
María Agusta Pérez, del SNAI, aseguró que la ejecución penal ha tenido poco desarrollo normativo respecto al sistema de rehabilitación social, mismo que se ha dejado a reglamentos y normas técnicas, lo que ha generado a crisis que preocupa al país. De allí, dijo, es importante la preocupación de la comisión por normar el eje laboral en el sistema de rehabilitación.
Reiteró la necesidad de fortalecer los ejes laboral y educativo como parte de la rehabilitación, en el que se topan con una disposición penal que frena estos procesos que se refiere al principio de voluntariedad de la persona privada de la libertad.
El legislador Roberto Jaramillo afirmó que las autoridades del SNAI deben responder por los graves problemas de corrupción e irregularidades, que se han registrado en esa institución. Roberto Cerda expresó sus inquietudes la falta de control para evitar el ingreso de drogas, armas, municiones y equipos tecnológicos a los centros de privación de la libertad.
La vicepresidenta de la comisión, María Fernanda Araujo resaltó la importancia de escuchar la visión de las autoridades, que permiten detectar la fallas y trabajar en potenciales soluciones.
Finalmente, el presidente de la mesa, Fernando Cedeño solicitó a los invitados que remitan a la brevedad posible las observaciones por escrito, considerando que están en proceso de sistematización de las observaciones expuestas durante la socialización del proyecto, para preparar el informe para segundo debate.
PV
