Representantes de las Asociaciones de Jubilados de Cementos Guapán, Cementos Chimborazo y de extrabajadores de la desaparecida empresa de Cementos Selva Alegre (UNACEM S.A.), expusieron ante la Comisión del Derecho al Trabajo la problemática por la falta de pago de sus pensiones jubilares y demandaron acciones urgentes para reivindicar sus derechos que por ley les corresponde.
Los comparecientes solicitaron el cumplimiento de la ley que garantiza el pago de sus jubilaciones sobre los dos centavos, de curso legal, es decir, como dos centavos de sucre hasta el 10 de enero del año 2000 y a partir del 11 de enero del año 2000, como dos centavos de dólar por cada kilo de cemento exfábrica.
Previo a recibir una jubilación equivalente a su último sueldo o salario, debería provenir del consumidor final del saco de cemento, con el afán de que dicho incremento permita sostener estas jubilaciones, afirmaron.
Tras sus planteamientos, la comisión decidió pedir información a las entidades competentes y solicitar la comparecencia de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que aclaren los informes de pagos y los jubilados puedan contar con una prestación sostenible y financiada.
Wilson Romero, presidente de la Asociación de Jubilados de Cementos Guapán, señaló que el Seguro Social durante 30 años hizo caso omiso del cumplimiento de la norma y se convirtió en cómplice de las empresas cementeras. Pidió a la comisión hacer el seguimiento a las liquidaciones a los trabajadores, interponer oficios para que el IESS cuente con los directivos en los talleres de socialización para la realización de informes y evitar la regresividad de derechos.
De su lado, Mario Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de Cementos Chimborazo, indicó que durante 14 años han estado luchando por sus derechos, período en el que han fallecido muchos sus compañeros a la espera de las liquidaciones.
El presidente de la Asociación de extrabajadores de Cementos Selva Alegre (UNACEM S.A.), Galo Gudiño Ruales aseguró que la dolarización acabó con parte de una ley del 2017, que financiaba el pago de las jubilaciones a través de una participación de dos centavos por cada kilo de cemento vendido. Sugirió requerir un informe del SRI para cotejar la información relativa a la producción y comercialización de cemento, para determinar si se ajusta a las pensiones que reciben.
El asambleísta Blasco Luna se sumó a la petición para llevar una acción directa con la seguridad social, que se transparente cifras y se les pague sus jubilaciones como corresponde, ya que están debidamente financiadas.
Luzmila Abad señaló que los trabajadores siguen expuestos a los riesgos del trabajo. "Hay que tener en cuenta quienes se jubilaron con la moneda sucre, y el objetivo es que todos se jubilen y cobren sus haberes como la ley manda", precisó.
En otro orden y por pedido del asambleísta Francisco Cevallos, la comisión recibió a Serapio Villamar y Ruth Peña, representantes de la Asociación de Jubilados y Pensionistas del IESS de Milagro Azucarera Valdez S.A., quienes reclaman se nivelen sus pensiones jubilares con el salario básico unificado.
Ellos indicaron que hace varios años están solicitando que su sueldo de 270 se nivele con el salario básico unificado, toda vez que lo poco que reciben no les alcanza para el sustento diario de su familia y cubrir sus enfermedades. En este sentido, pidió a la comisión interponga sus buenas acciones para que se haga posible este justo pedido.
Agregaron que han trabajado por 28 y 30 años en la empresa y no han gozado de salario digno y que cuando el país se dolarizó su sueldo quedó en 4 dólares.
María Teresa Pasquel manifestó que no son ajenos a lo que sucede con los jubilados, quienes por años han estado expuestos ante elementos químicos, y que ahora reclaman por sus derechos.
Francisco Cevallos pidió a la comisión analizar los mecanismos necesarios, que permitan garantizar los derechos a los jubilados. Luzmila Abad señaló que es justo reivindicar su trabajo, y ratificar una jubilación digna con un sueldo básico a quienes han trabajado más de 30 años.
Tras el cierre de la sesión la asambleísta Johanna Ortiz expresó los sentimientos de solidaridad y compromiso a los jubilados que han puesto todo su esfuerzo laboral y reclaman sus derechos.
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