En la Comisión del Derecho al Trabajo, Wagner Quiñones Valencia pidió investigar presuntos actos de corrupción ocurridos por funcionarios del Ministerio de Educación,en el que se vincula a Edwin Salazar, secretario general del Comité de Empresa de Trabajadores de Servicios de esa Secretaría de Estado, por cobros indebidos de valores que van de entre 3000 y 5000 dólares a trabajadores jubilados de esa dependencia.
Según Quiñones estos cobros se dan por agilitar el pago de los incentivos económico por jubilación, sin respetar el cronograma de pagos, así como la venta de puestos en diferentes áreas del Ministerio de Educación, actos que implican el presunto delito de cohecho y tráfico de influencias, por lo que pidió que se oficie a la Unidad de Delitos Activos para que inicie las investigaciones.
La legisladora Patricia Mendoza indicó que es necesario que el Ministerio de Trabajo responda por qué no se exigió la renovación del Comité de Trabajadores, según lo estipula la Ley; los cargos vitalicios y sueldos dorados. En la misma línea, Jaime Guevara considera la aclaración por parte del Ministro de Educación sobre la renovación del directorio del sindicato y las decisiones arbitrarias que se están tomando. María Teresa Pasquel consideró que el tema debe ser analizado por los ministerios de Trabajo y de Educación.
La asambleísta Marcela Holguín cree necesario oficiar al Ministerio de Educación exponiéndole los temas tratados e incorporar la problemática en la mesa técnica. El presidente de la comisión Johnny Terán informó que se consolidarán los pedidos de información para poder escuchar a todas las partes.
Trabajadores de Galápagos
La Comisión también revisó el estudio que ha recibido el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de iniciativa del exasambleísta Washington Paredes, que establece el cálculo de la materia gravada y su efecto directo sobre los beneficios sociales, entre ellos, la jubilación para los habitantes de Galápagos.
El proyecto fue tratado en primer debate en el Pleno. En primera instancia se decidió el archivo, mismo que fue reconsiderado y continuó el trámite legal correspondiente, explicó la asesora parlamentaria tras plantear una prórroga para el análisis en su segunda fase, toda vez que los plazos están vencidos por el tema de la “muerte cruzada”.
Igualmente manifestó que para la presentación del informe para segundo debate es necesario contar con los criterios del IESS; Consejo de Galápagos y el Ministerio de Finanzas.
Previo a ello, la comisión escuchó al asambleísta Lenin Rogel y al exlegislador Pedro Zapata, ambos representantes de Galápagos, quienes sustentaron y defendieron la propuesta de ley para que la pensión de jubilación guarde relación con el nivel de aportes y la remuneración en la región insular.
Para la María Teresa Pasquel, se debe apoyar el proyecto, ya que la pensión de jubilación debe guardar relación a los aportes de los trabajadores a la Seguridad Social.
Johanna Ortiz dijo que es necesario poner en debate el tema y que la jubilación debe estar acorde al sueldo que reciben los trabajadores, con el objetivo de que se puedan garantizar sus derechos sin perjuicio alguno. Jaime Guevara, pidió se recabe toda a información y según ello, se considere la reactivación.
Otros proyectos
En otro orden, la mesa legislativa inició el estudio de los proyectos de reformas al Código del Trabajo que Regula la Jornada de Trabajo en Actividades de Alto Riesgo; y, a la Ley de Servicio Público, para Descongelar el Beneficio por Jubilación.
La reforma al Código de Trabajo presentado por el exasambleísta Byron Maldonado plantea medidas para la mitigación de riesgos a las actividades laborales de alto riesgo, como las que implican una exposición a altas temperaturas, con exposición a sustancias cancerígenas, o aquellas relacionadas con la manipulación directa de residuos o desechos sólidos que liberan lixiviados, a fin de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores.
El segundo proyecto, del asambleísta José Luis Vallejo, pretende que los beneficios por jubilación se calculen considerando la remuneración básica unificada vigente en el período fiscal en el que se realice la solicitud de la misma. Según la propuesta, la reforma en ningún sentido implica un desequilibrio de las finanzas públicas, mucho menos implica un aumento en el gasto público, pues el círculo virtuoso al que se hacía referencia anteriormente, está pensado en términos de equilibrio entre ingreso-egreso y en términos de garantizar una vejez digna para quienes durante toda la su vida entregaron su trabajo a la función pública.
RSA/pv
Más fotografías:
