Luego de la intervención de diez legisladores, el proyecto de Ley de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones Internacionales del Estado Ecuatoriano en Materia de Derechos Humanos pasó el primer debate del Pleno Parlamento.
Fernando Cedeño, ponente y presidente de la Comisión de Justicia, explicó que la norma prevé un sistema que permite canalizar el cumplimiento de las sentencias, medidas provisionales y opiniones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las recomendaciones, resoluciones, decisiones y medidas emitidas por los Comités de vigilancia del cumplimiento de los Tratados de Derechos Humanos de la ONU, suscritos y ratificados por Ecuador.
Subrayó que la mesa legislativa recibió a actores sociales, expertos y especialistas en Derecho Internacional y Derechos Humanos; autoridades de la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado, Corte Nacional de Justicia; entre otras, quienes destacaron la importancia de contar con este cuerpo legal.
Esther Cuesta, asambleísta proponente, sostuvo que es necesario cambiar el actual paradigma de DDHH, en donde las víctimas exigen el cumplimiento del Estado, por un sistema en el que el Estado, a través de sus instituciones, normativa, planes, programas y presupuestos, actúe de manera diligente en favor de los derechos de todos los ecuatorianos.
Durante el debate, los legisladores advirtieron que el artículo 424 de la Constitución de la República establece que “los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”, por tanto, este proyecto recoge los compromisos internacionales previamente adquiridos por Ecuador, para viabilizar su cumplimiento.
Cuestionaron que existen varias sentencias emitidas para la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violación de derechos humanos que no han sido cumplidas y evidencian una constante impunidad del Estado.
Previamente, en comisión general, Pablo Proaño, coordinador general de la organización Dignidad y Derechos, observó que la norma podría vulnerar el principio de soberanía estatal y generar obligaciones imposibles de cumplir para el Estado ecuatoriano.
Reconocimiento al mérito institucional
En otro orden, el Parlamento entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al Mérito Institucional al Club Deportivo Especializado Formativo ISALEN, por su íntegro proceder en la formación de nadadores y seguridad acuática. Recibieron el reconocimiento la presidenta del Club, Ximena Braganza; y, la atleta Alejandra Cedeño.
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