La situación actual de las fronteras, que ha puesto en peligro la vida y seguridad de los ecuatorianos, le motivó la asambleísta Lucía Jaramillo a presentar la Ley de Seguridad en Fronteras, que incluye 14 reformas a la Ley de Movilidad Humana.
Esta iniciativa responde a la necesidad urgente de ejercer un control migratorio más eficiente y organizado en el Ecuador, en vista del aumento de la inmigración irregular.
“Nos preocupa que desde 2008 han ingresado miles de extranjeros con historial delictivo, que han puesto en peligro la tranquilidad de los ecuatorianos y han contribuido al narcotráfico y al crimen organizado”, advirtió la legisladora. Añadió que, al momento, se registran más de 300 mil peticiones de regularización de migrantes en el país.
Por otro lado, se refirió al último censo penitenciario, que reportó más de 3 mil presos extranjeros de Venezuela, Colombia y Perú. “Con estas 14 reformas buscamos garantizar un control migratorio eficiente y controlado para que le permita al Gobierno Nacional determinar quiénes pueden ingresar a nuestro país”, recalcó.
Esta propuesta legislativa pretende, además, supervisar las actividades de los extranjeros, así como el cumplimiento de las leyes locales y nacionales, y el respeto de la cultura y convivencia nacional.
La reforma crea mecanismos a las autoridades de control fronterizo para, en cooperación con otras naciones, determinar quiénes pueden ingresar al Ecuador. Además, propone que la Tarjeta Andina de Migración se tramite a través de una declaración juramentada para conocer la ocupación o profesión de los inmigrantes.
Entre otros objetivos de la propuesta de Ley de Seguridad de Fronteras, se encuentran el control de fronteras, a través del establecimiento de un sistema eficiente para supervisar actividades y prevenir la migración irregular; sanciones más severas, hasta 10 salarios mínimos para quienes incumplan normas migratorias; seguridad y bienestar de ciudadanos ecuatorianos e inmigrantes legales.
“Con estas reformas a la Ley de Movilidad Humana, buscamos garantizar un control fronterizo ordenado y eficiente, que proteja a los ecuatorianos de extranjeros que representen una amenaza a la seguridad nacional”, concluyó
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