Las asambleístas Patricia Mendoza y Belén Mayorga acudieron a la Comisión de Garantías Constitucionales, a fin de sustentar sus propuestas de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En la sesión también participó Marlon Martínez, abogado litigante.
Patricia Mendoza advirtió que no es un secreto el hecho que existen deficiencias para el acceso y la disponibilidad de los medicamentos de calidad, seguros y eficaces, pues muchas veces los que son requeridos para un tratamiento en particular, no forman parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y ha llevado a los pacientes afectados a activar la vía constitucional para alcanzar dicho cometido.
En su propuesta, sostiene que siendo este un problema estructural del Sistema de Salud, de Contratación Pública, de Presupuesto, la ley debe mirar la problemática judicial desde la perspectiva de la Constitución y de los derechos, y garantizar, de la mejor manera posible el derecho a la salud integral que incluya disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces.
Reiteró que el derecho a la salud tiene rango constitucional, a fin de garantizar el acceso a medicamentos y que en este aspecto, el proyecto acoge la sentencia de la Corte Constitucional que reguló la acción de protección para los casos en los que se demande la compra de un medicamento específico.
La legisladora Rosa Belén Mayorga resaltó que su proyecto está orientado a garantizar el principio de igualdad jurídica, de todas las personas en el desarrollo de los procesos judiciales y la necesidad de respetar la normativa y el Derecho.
Reiteró que es fundamental que las personas o sujetos procesales tengan el mismo trato sin ninguna diferencia. Explicó que su proyecto reforma el artículo 35 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y se enlaza al artículo 75 de la Constitución que desarrolla el principio de la tutela efectiva, es decir, el acceso a la justicia, de modo que ninguna persona quede en indefensión. También señaló que se fijan procedimientos claros y precisos sobre la revocatoria de medidas cautelares, en el afán de fortalecer la administración de justicia y evitar la vulneración de los derechos.
Paúl Buestán, tras reiterar la necesidad de asegurar el respeto irrestricto a los derechos, manifestó que la ley obliga a crear jueces especializados en materia constitucional, pero que hace falta su implementación por parte de los órganos competentes.
Jahaira Urresta sugirió iniciar actos de fiscalización de lo que han hecho y han dejado de hacer las instituciones, sobre la aplicación de las acciones de protección y que en este sentido se requiera información a entidades como el Consejo de la Judicatura y el SNAI. Amado Chávez expresó que la acción legislativa no puede quedar en la aprobación de la ley, sino en el seguimiento para exigir su aplicación y determinar sanciones a quienes incumplen.
El presidente encargado de la comisión, Adrián Castro manifestó que mientras más información requieran tendrán más elementos para tomar decisiones y construir las leyes.
Para finalizar, Marlon Martínez, abogado litigante, respaldó la iniciativa de la comisión de tratar estas propuestas, considerando que en la práctica es una medida necesaria para los abogados en libre ejercicio y las personas de atención prioritaria que se ven afectadas en sus derechos.
Sugirió ajustar el procedimiento para la aplicación y no reglamentar en temas específicos, porque podría desnaturalizar su objetivo general, al tiempo que compartió el criterio de crear los jueces constitucionales especializados.
PV
