Tras conocer las demandas de los servidores de la Función Judicial y del Consejo de la Judicatura (CJ), sobre supuestas irregularidades en las desvinculaciones, la Comisión del Derecho al Trabajo hará el seguimiento del tema. Luis Muñoz Pasquel, dirigente gremial, dijo que sospechan que estas salidas buscarían abrir espacios a otros profesionales con aparentes connotaciones políticas, que va en detrimento de la administración de justicia.
Explicó que hace pocos días se filtró un documento del CJ en el que se pretende desvincular alrededor de 35 empleados del Poder Judicial, con el argumento de que no fueron nombrados por la actual administración.
La vicepresidenta de la comisión, Marcela Holguín pidió al funcionario que informe cuántas personas han salido hasta el momento; si se han realizado sumarios administrativos para las desvinculaciones; y por último pidió a la comisión hacer seguimiento del tema.
Jaime Guevara señaló que la administración puede hacer los traslados administrativos de los funcionarios que sean necesarios, pero que el tráfico de influencia es un delito que debe denunciarse ante la Fiscalía. Para Johanna Ortiz, es importante contar con datos y el registro de la denuncia. María Teresa Pasquel tras respaldar a los funcionarios, expuso la necesidad de que la justicia se haga desde adentro de la Función Judicial.
Rosalin Falcones, representante de los trabajadores, desde Portoviejo, aseveró que la Función Judicial y el CJ han hecho caso omiso a los concursos de méritos y oposición. Advirtió que existen funcionarios con más de cinco años en sus puestos de trabajo que no son considerados para los concursos internos. Pidió se solicite al Pleno de la Judicatura informe sobre la nómina del personal de nombramiento provisional y cuántos años tienen en el ejercicio de sus funciones.
Vía telemática, Orlando Meléndrez, representante de los funcionarios judiciales de Santa Elena, detalló el proceso de homologación y señaló que los funcionarios judiciales han insistido ante el CJ sobre sus homologaciones salariales sin que hasta el momento hayan tenido solución.
Otras denuncias
Por pedido del asambleísta Carlos Vera Mora, la comisión recibió a Jimmy Reyes, representante de los trabajadores del Puerto de Manta, quien presentó su preocupación respecto a su estabilidad laboral, toda vez que se aduce ilegalidad en la concesión para la permanencia del Puerto de Manta, por lo que sugirió hacer una inspección y emitir un informe sobre el tema.
El asambleísta Vera subrayó que se trata de evitar vulneraciones en el derecho al trabajo. Comentó que se debe analizar, más allá de la situación jurídica, el riesgo que afectaría a casi 10 mil familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad.
De la Cámara Empresarial de Manta, Luka Cuk aseguró que desde la concesión del Puerto de Manta, en los últimos siete años, han visto muchas cosas positivas y mejoras, no solo en la ciudad sino en la provincia. “Es uno de los puertos más seguros, en el apoyo a los operadores portuarios y con cero contaminación y da estabilidad laboral para 10.000 familias”, aseguró.
También recibió a Ivanova Córdova Báez, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Empleados de los Gobiernos Provinciales del Ecuador, quien solicitó que la comisión interponga sus buenos oficios para que el Gobierno Central se sensibilice y realice la transferencia de los recursos adeudados a las Prefecturas en general, especialmente a Los Ríos y, consecuentemente, se ponga al día con los sueldos de servidores y con el IESS.
RSA/pv
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