Dentro del proceso de fiscalización sobre la situación del Sistema de Educación Superior, representantes de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Innovación y Tecnología (Senescyt); Ministerio de Finanzas; y, Servicio de Rentas Internas (SRI) informaron sobre la asignación presupuestaria que el sector educativo tendrá este año.
Daniel Falconí, viceministro de Finanzas, informó que al contar este año con presupuesto prorrogado, la asignación para el rubro educativo es de 1.319 millones de dólares, con una diferencia aproximada de 3 millones del presupuesto de 2023 que fue de 1.322 millones. Además, agregó que el presupuesto para los institutos superiores técnicos y tecnológicos es de 64.6 millones de dólares.
Los saldos vencidos y no devengados bordean los 62,8 millones de dólares y se asignarán una vez que Senescyt y el Ministerio de Finanzas realicen la validación respectiva.
De su lado, César Vásquez, secretario subrogante; y, Cecilia Santana, secretaria de Instituciones de Educación Superior (IES) de la Senescyt, indicaron que la asignación ha sido un proceso participativo con las distintas IES, ya que las fórmulas aplicadas que determina la norma incluye indicadores de calidad, excelencia, eficiencia administrativa y financiera, pertinencia, justicia y equidad.
Explicaron que la distribución de recursos parte de las cifras proyectadas que remite el Ministerio de Economía y Finanzas en relación al FOPEDEUPO, que se alimenta de la recaudación tributaria. Agregaron que el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) también son beneficiarios del 1 % del Fondo.
Finalmente, Mauricio Coronado, director de Recaudación del SRI, indicó que tiene un rol recaudatorio para luego consignar los fondos a las arcas del Estado para que sean distribuidos de acuerdo con lo establecido por la ley.
Ante la preocupante situación del sector educativo, los legisladores rechazaron la disminución del presupuesto destinado al FOPEDEUPO correspondiente al período 2024, por cuanto constituye un mal precedente y va en contra del carácter progresivo e incremental que deben tener las asignaciones presupuestarias para garantizar derechos fundamentales, conforme lo establece la Constitución de la República.
La mesa legislativa aprobó por unanimidad una resolución en la que exhorta al Ejecutivo no realizar recortes ni reducir el presupuesto para la educación superior, de acuerdo con el artículo 118 del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Además, solicitan al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Senescyt que se calcule el 10 % del IVA en función de los rendimientos totales.
Comisión General
La organismo legislativo escuchó a Arturo Rojas, presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano; Byron Vaca, rector de la Escuela Politécnica Superior de Chimborazo; Nicolay Samaniego, rector de la Universidad Nacional de Chimborazo; y, Miryam Félix, rectora de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, quienes expresaron su preocupación por la reducción presupuestaria del sector educativo, que año tras año ha visto mermada la posibilidad de invertir en infraestructura, personal docente, tecnología, investigación e innovación que les permita atender la demanda sin arriesgar la calidad educativa.
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