Para continuar la fiscalización del denominado “Caso Mecheros”, la Comisión de Biodiversidad recibió a los representantes de la Unión de Afectados por Texaco, Colectivo Apaguen los Mecheros y al Defensor del Pueblo, César Córdova, para explicar el cumplimiento y avance de la sentencia dictada sobre el tema.
Guido Vargas, presidente de la mesa legislativa, subrayó que este proceso de fiscalización es parte importante de una agenda responsable con el país y la región amazónica.
Pablo Fajardo, de la Unión de Afectados por Texaco, subrayó que el incumplimiento de la sentencia es inhumano y una burla a la población amazónica. “En marzo del 2022 se le dio un plazo de seis meses al Ministerio de Salud Pública, para presentar un estudio de impactos en la salud de las comunidades asentadas cerca de los mecheros. El incumplimiento de ese estudio y de lo establecido en la sentencia lleva cerca de dos años”, enfatizó.
Por otro lado, el Ministerio de Energías y Minas tenía 18 meses para eliminar los mecheros aledaños a asentamientos humanos desde la aprobación de la sentencia. “No solo que no se ha cumplido, sino que existe un constante incremento de mecheros, según cifras del mismo ministerio, de 437 a 486, al menos 5 kilómetros a la redonda de las comunidades”, advirtió.
Wilmer Lucitante, representante del Colectivo Apaguen los Mecheros, expresó que los pueblos de la Amazonía llevan más de 55 años desde que Texaco instaló mecheros para quemar el gas asociado del petróleo. “En la Amazonía ya no se puede vivir a consecuencia de 55 años de afectaciones a la salud, de vulneración de derechos a la naturaleza, contaminación de la tierra, aire, agua y de desperdicio de recursos naturales y económicos”, resaltó.
Por su parte, el Defensor del Pueblo expuso las acciones emprendidas por su institución, desde el 14 de octubre del 2021, fecha en la que se aperturó el expediente defensorial del caso. Expuso las solicitudes de información, informes técnicos y científicos elaborados desde la aprobación de la sentencia, para cumplir la eliminación gradual, progresiva y el desmantelamiento de los mecheros.
Resaltó que la Defensoría del Pueblo realiza este seguimiento enmarcada en mecanismos de protección y restauración de derechos y en coordinación con los ministerios del Ambiente, de Energía y Minas, de Salud, a los que les corresponde el estudio técnico y científico, y con los delegados de la Defensoría en Sucumbíos, Napo y Orellana.
Al finalizar su intervención, concluyó que la sentencia no se ha cumplido a cabalidad, por lo que las dependencias de su institución se encuentran preparando la acción constitucional de incumplimiento de sentencia.
Posteriormente, Alicia Moncada, de Amnistía Internacional y Viviana Hidrobo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, coincidieron en que no existen medidas de reparación, ni remediación para las víctimas de los territorios más abandonados del Ecuador. “Para ellos, las garantías constitucionales no se cumplen”, finalizaron.
Al respecto, por votación unánime, los 9 parlamentarios miembros de la comisión aprobaron la moción presentada por la asambleísta Mariuxi Sánchez, para que las autoridades ministeriales involucradas en el incumplimiento de la sentencia del Caso Mecheros, acudan a rendir cuentas.
CV/pv
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