En el marco del tratamiento del proyecto de Ley que unifica 23 iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Justicia escuchó a Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos (IEEL); y, Mauro Andino, especialista en derecho parlamentario, quienes expusieron sus observaciones y criterios.
La titular del IEEL, Libia Rivas explicó que con las reformas del año 2020, se solucionaron varios vacíos legales que abonan a que todos los temas se resuelvan en el Pleno del Parlamento como máximo órgano; sin embargo, hay todavía algunos temas que requieren claridad respecto de los procesos, condiciones y circunstancias excepcionales que responden a distintos momentos políticos y al criterio de oportunidad, como por ejemplo el trámite de juicios políticos luego de la disolución del Parlamento, que estas reformas podrían solventar.
Calificó de interesante y que requiere análisis exhaustivo la propuesta de que el trámite de los juicios políticos contra el Presidente o Vicepresidente de la República, se lleve a cabo por una comisión pluripartidista y no en la Comisión de Fiscalización, como dicta la ley vigente.
De su lado, el experto parlamentario Mauro Andino destacó la iniciativa de normar que el Presidente de la Asamblea Nacional convoque mensualmente a los jefes de las distintas bancadas, para evaluar el avance de la Agenda Parlamentaria aprobada en el respectivo período, ya que esto permite analizar el nivel de cumplimiento de la Función Legislativa.
Recordó que el segundo debate del Pleno es una de las fases finales del trámite de los proyectos, por lo que apoyó la propuesta de reducir los tiempos de convocatoria a tres meses como máximo. Además, respaldó la iniciativa de que las sesiones del Pleno suspendidas deben ser reinstaladas en un plazo máximo de 15 días, ya que esto aseguraría el tratamiento de proyectos ya incluidos en el orden del día.
Finalmente, agregó que la implementación de plataformas virtuales para fomentar y garantizar la participación ciudadana, permitirán acoger criterios de actores de todas las provincias del país, bajo criterios de equidad territorial, de género e intergeneracional.
En otro orden, la mesa legislativa conoció el oficio del Consejo de Administración Legislativa, en el que autoriza la prórroga de noventa días para entregar el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial.
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