El tratamiento unificado de dos proyectos de ley para fortalecer la equidad territorial, enfocados en la redistribución de las asignaciones por venta de energía eléctrica y, las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de la provincia de Bolívar, tuvo lugar en la Comisión de Gobiernos Autónomos.
El exlegislador y, actual alcalde de Riobamba, John Vinueza, proponente de la primera normativa, inició su intervención destacando la difícil situación económica de su provincia, Chimborazo, frente a otras. “Nuestros porcentajes de escolaridad, población económicamente activa y empleo son de los menores a nivel nacional y las asignaciones presupuestarias injustas contribuyen a profundizar esa realidad”, señaló.
Chimborazo cuenta con laderas y páramos en Penipe, Chunchi, Alausí y ríos, como el Chambo, que alimentan a las hidroeléctricas del Agoyán y Paute, puntualizó.
Respecto a esto, mencionó que, actualmente, con base en el cálculo del caudal de agua que aporta cada territorio, la ley entrega el 5 % de las regalías de estas hidroeléctricas. “Esta asignación excluye a Chimborazo, pues este 5 % se divide en; 60 % para los GAD de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua y 40 % para los GAD parroquiales de las mismas provincias” detalló.
En lo que se refiere a los porcentajes de asignación, el legislador Gabriel Bedón solicitó a la mesa legislativa que esta ley se piense en un marco más amplio, donde también se incluya, en una redistribución equitativa, a los GAD parroquiales rurales, pues es ahí donde se encuentran las fuentes de agua.
Por otra parte, Juan Carlos Jara, delegado de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), señaló que la redistribución propuesta, incluyendo a las provincias de Chimborazo y Bolívar sí representaría una afectación al Presupuesto General del Estado y disminuiría los derechos adquiridos por las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.
Además, observó que esta ley emitida en 1990, mandó realizar la asignación de recursos provenientes de las centrales hidroeléctricas, existentes en ese momento, a las provincias donde se ubicaban y a sus zonas de influencias directa e indirecta, mas no tomaba en cuenta a las provincias donde se originaba el recurso que las hacía funcionar.
Finalmente, la presidenta de la comisión, Victoria Desintonio y los comisionados coincidieron en que la ley de 1990 respondía a los parámetros del momento y que debe ser actualizada. Así, las provincias que aportan con el caudal de agua que hace funcionar a las centrales, tendrán una redistribución justa de los recursos que provengan de ellas, mencionaron.
Previamente, la exlegisladora Mireya Pazmiño, proponente del segundo proyecto, excusó su participación en la sesión. Sin embargo, instó a la comisión a darle el tratamiento necesario para que responda a las necesidades y justicia que merece la provincia de Bolívar.
CV/pv
