La Comisión de Fiscalización actuó las pruebas audiovisuales presentadas por el legislador Carlos Vera Mora, proponente del juicio político en contra de Fausto Murillo y Juan José Morillo, actual y exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), quienes también tuvieron la oportunidad de exponer sus evidencias videográficas.
Entre las grabaciones de audio y video pedidas por el proponente constan los audios filtrados por el medio digital La Posta, sobre la presunta participación de dos vocales del CJ y un juez nacional, para incidir en la decisión respecto de la acción de protección presentada por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para mantenerse en su cargo. Así mismo, hay versiones del expresidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, sobre el compromiso de concretar la reconstrucción de la sede judicial de la provincia de Manabí.
Con esta oportunidad, el asambleísta Carlos Vera anunció que -en el momento procesal pertinente- demostrará la forma irresponsable con que se actuó frente a la demanda de los manabitas de contar con un complejo judicial que preste condiciones de dignidad para los jueces, abogados, demás operadores judiciales y, particularmente, los usuarios que acuden en busca de justicia.
Aseguró que hay muchos exfuncionarios involucrados en esta vergonzosa actuación contraria a los intereses y necesidades del pueblo manabita y se deben establecer las responsabilidades para que todos ellos asuman las consecuencias de sus acciones u omisiones.
De su lado, el vocal del CJ, Fausto Murillo reprodujó algunos videos, tanto de sus comparecencias ante la Comisión de Fiscalización; de entrevistas de prensa; y de sesiones del CJ, a través de los cuales detalla las acciones desarrolladas a raíz de la filtración de audios en los que presuntamente participan dos de los consejeros y un juez; también sobre las gestiones para llevar a la práctica la homologación salarial para los funcionarios judiciales, entre otros aspectos.
Finalmente, la mesa legislativa aprobó como pruebas de oficio la comparecencia de los exasambleístas Luis Almeida Morán y Xavier Santos, proponentes iniciales del juicio político, así como de los presuntos responsables del retraso en la reconstrucción de la sede judicial de Portoviejo; y, se requiera el informe jurídico que viabilizó la designación de Fausto Murillo como presidente del CJ; la certificación de los contratos de trabajo y las hojas de vida de los funcionarios que ingresaron a la Función Judicial en el período de Murillo, al igual que de los procesos disciplinarios seguidos a servidores judiciales, entre otros documentos, sobre la base de las propuestas de los asambleístas Lenin Rogel, Adriana García, Ronal González y Lenin Barreto.
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