El estudio del proyecto de Ley de Cooperación del Estado Ecuatoriano con la Corte Penal Internacional entra a la etapa final para la aprobación del informe para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
En la sesión de este martes compareció Ricardo Reyes, director de Litigio Estratégico de la Fiscalía General del Estado, quien recordó que oportunamente la entidad presentó sus observaciones, y que varias de ellas fueron acogidas.
El funcionario expuso sus observaciones en torno al procedimiento para la detención de personas requeridas por la Corte Penal Internacional, cuyas diligencias serían tramitadas directamente a través de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia.
Tras recordar que la Corte Penal Internacional persigue los crímenes execrables, genocidios, entre otros, que son cometidos en su gran mayoría por los Estados, sugirió que el tema no solo se ancle a la competencia de hacer intermediación con el Ministerio de Relaciones Internacionales, sino que también se lo pueda hacer directamente con la Fiscalía.
La asambleísta Carla Cruz consultó si en alguna ocasión la Corte Penal Internacional ha requerido la ayuda de Ecuador, o ha entregado personas que han sido requerida por la Corte Penal Internacional, a lo que respondió que hasta el momento no se ha tenido ninguna solicitud de asistencia especifica.
Ricardo Ulcualgo mencionó las leyes no pueden estar construidas de acuerdo con los intereses políticos, sino pensando en la seguridad del país. “Ecuador es signatario de varios instrumentos y tratados internacionales y en consecuencia debe tener normas claras para garantizar la seguridad jurídica”, agregó.
Los comisionados expresaron que dentro del análisis del tema se han realizado varios avances, hacia el cumplimiento del Estatuto de Roma, referente a las leyes y los estándares nacionales.
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