La Comisión de Garantías Constitucionales continuó el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para lo cual escuchó a los jueces David Jacho, de la Corte Nacional de Justicia; Iván Merchán, de la Unidad Judicial de Flagrancia de Quito; y, Ximena Rodríguez, de la Unidad Judicial Penal de Pichincha.
David Jacho recordó que existe un proyecto similar que fue construido por varias instancias y autoridades en materia legal, pero que no logró su inclusión en la iniciativa legislativa que trata la comisión. Sugirió considerar dicho proyecto, por cuanto participaron la Fiscalía, Defensoría Pública, jueces de garantías constitucionales, entre otros expertos en la materia.
También se refirió a los abusos en la aplicación de algunas garantías constitucionales, como las acciones de protección, medidas cautelares y hábeas corpus, que llegaron a desnaturalizarse por ser tratados por jueces sin competencia territorial, quienes han activado estas garantías, causando un desequilibrio en la materia jurídica.
El juez Iván Merchán corroboró el criterio de su colega, pero hizo una distinción en las acciones de protección de carácter político y administrativo. Recordó que la razón de ser de una acción de protección es garantizar los derechos de las personas, quienes pueden solicitar amparos constitucionales si evidentemente han sido violentados.
También tomó como ejemplo las acciones de protección en el sistema de salud pública. “Cuando un enfermo necesita su medicina y no es proporcionada, entonces es aplicable una acción de protección”, insistió.
En cuanto a los hábeas corpus políticos, sostuvo que deben ser analizados para no cometer abuso de esa garantía constitucional. Añadió que cuando hay prisión preventiva no cabe la figura del hábeas corpus.
Por su lado, la jueza Ximena Rodríguez advirtió que existen vacíos legales que permiten el abuso de las garantías constitucionales. Expresó su preocupación por la la inexistencia de una justicia especializada, por lo que es necesaria la formación e instrucción constante para que todo juez esté en capacidad de atender casos relacionados con esta competencia. Sin embargo, reclamó que “los jueces se han limitado a rendir exámenes en línea, respondiendo preguntas con argumentos encontrados en textos jurídicos, sin realizar esfuerzos de razonamiento que garanticen una real capacitación”.
Recomendó, además que, para realizar las reformas anheladas en tema de garantías constitucionales, los legisladores se basen en los fallos de la Corte Constitucional, “que son vinculantes y dan luces”.
El legislador Paúl Buestán ratificó que en la Constitución existen parámetros de competencia para los jueces, pero que estos desconocen, lo que ocasiona el incumplimiento de la norma.
El asambleísta Adrián Castro dijo que es importante una construcción inteligente de la norma. Sugirió establecer una disposición transitoria, para fortalecer la Escuela de la Función Judicial donde se capaciten y especialicen los jueces. “Es necesario que vuelva la escuela presencial”, insistió.
KC/pv
