La Comisión de Fiscalización con ocho votos afirmativos, aprobó el informe no vinculante por el cual recomienda al Pleno dé paso al juicio político en contra de Fausto Murillo y José Morillo, vocal y exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), por incumplimiento de funciones, proceso sustentado por el asambleísta Carlos Vera Mora, en calidad de proponente designado por la Asamblea.
En las conclusiones, la mesa legislativa establece que el expresidente encargado del CJ y actual vocal, Fausto Murillo, incumplió sus funciones al inobservar el artículo 181, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 255 numeral 3; 264, numeral 4; 269, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; artículo 1; 2, numeral 2.3 y 2.4; artículo 4, numeral 4.1 del Código de Ética de Servidores y Trabajadores de la Función Judicial; artículo 422.1 del Código Orgánico Integral Penal, entre otras normas.
Sobre el exvocal Juan José Morillo, determina que incumplió sus funciones al inobservar el artículo 181, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 255 numeral 1, 264, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial; artículo 1; 2, numeral 2.4; artículo 4, numeral 4.1 del Código de Ética de Servidores y Trabajadores de la Función Judicial, al incidir en el ejercicio de las competencias de los jueces e irrespetar la independencia judicial interna de la Función Judicial.
En cada una de las causales relacionadas con el expresidente encargado del CJ, Fausto Murillo, se subraya qué normativa se ha trasgredido y, en consecuencia, incurrió en arrogación de funciones al asumir la Presidencia, cuando no le correspondía; no ejecutó acciones para solucionar la problemática de la homologación salarial de los servidores de la Función Judicial, tampoco logró gestionar la asignación y ejecución de los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del servicio judicial y desatendió a Manabí con lo atinente a la reconstrucción del Palacio de Justicia de Manabí, que hasta ahora sigue sin operar.
Finalmente, por unanimidad de los miembros de la Comisión, tomando como la base las denuncias del presunto reparto de puestos de la Función Judicial a cambio de evadir el control político por parte de los vocales enjuiciados, resolvió iniciar un proceso de fiscalización en esta materia, con el fin de resguardar la ética pública y la transparencia de las funciones Legislativa y Judicial.
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