La Comisión de Fiscalización recibió al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román Márquez, quien aseguró que este organismo no permitirá la impunidad para los funcionarios judiciales presuntamente implicados en los casos Metástasis y Purga. Anunció que la próxima semana se iniciarán los correspondientes sumarios administrativos por el cometimiento de una falta gravísima, conforme lo previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Informó que al conocer los allanamientos efectuados en el caso Purga, se tomaron acciones para analizar la conducta de los jueces y funcionarios que son investigados por la Fiscalía General del Estado; se decidió tomar decisiones para evitar la prescripción de las causas que conocían dichos operadores de justicia pues, lamentablemente, hubo audiencias que se suspendieron, pero se reprogramaron para que se desarrollen a la brevedad posible.
Román indicó que ha solicitado a la Contraloría General del Estado realice auditorías a las declaraciones patrimoniales de funcionarios judiciales de la provincia del Guayas, a fin de recopilar toda la información necesaria para sustentar los procedimientos administrativos sancionatorios. Señaló que no se les ha suspendido en sus funciones hasta tener toda la documentación relacionada con los sumarios administrativos, de manera que no acudan a acciones de protección o demandas al Tribunal Contencioso Administrativo para recuperar sus cargos.
Explicó que, al momento, el CJ necesita 15 millones de dólares para cancelar las reparaciones a funcionarios que fueron separados y que, por decisiones judiciales, han regresado a las respectivas judicaturas y se les tiene que reconocer valores de sueldos no recibidos durante la separación de sus cargos. Añadió que, esta vez, quieren evitar errores en estos procesos.
Dijo que, entre las medidas urgentes, se trabaja en la designación de jueces temporales para la provincia del Guayas, a fin de completar las salas de la Corte Provincial. Sin embargo, el problema que tiene el CJ está relacionado con la falta de un banco de elegibles.
Ante la ausencia del doctor Hugo González, expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre lamentó que el exfuncionario se sume a otros que no han querido dar explicaciones de sus actos ante el país, como la exdirectora del CJ del Guayas, María Josefa Coronel y la excomandante de la Policía Tannya Varela. “Seguiremos convocándoles a esta comisión y, en su momento, también tendrán que rendir sus versiones ante la Fiscalía”, concluyó.
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