La ministra del Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, en su comparecencia ante la Comisión de la Niñez, se reifirió a las deudas que mantiene el Ministerio con los cooperantes, con quienes la institución trabaja para dar atención a grupos prioritarios y vulnerables del Ecuador.
También se refirió a la denuncia del legislador Comps Cordova, sobre anomalías que se han presentado desde 2020, con la muerte de 56 neonatos y 81 mujeres gestantes en el hospital Marco Vinicio Iza, en Sucumbíos. Asimismo, escuchó de parte de las asambleístas, Ana Galarza y Margarita Arotingo denuncias ciudadanas que involucrarían un mal accionar de supuestos funcionarios de la institución.
Con respecto a la deuda que el MIES tiene con los cooperantes de la institución, entre fundaciones, Centros de Desarrollo Infantil y Casas de Acogida, informó que cuando asumió sus funciones recibió una deuda de más de 24 millones de dólares y que a diciembre de 2023 se pagaron más de 22 y el saldo esperan cancelar hasta el mes de mayo próximo.
Entre los nudos críticos que identificó para que se haya retrasado el pago, se encuentra la falta de gestión y desorganización administrativa. Manifestó que el personal administrativo del ministerio tiene un plazo de seis días, para poner en orden y pasar la información al Ministerio de Finanzas y continuar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
Añadió que encontró muchas anomalías con los cooperantes, ya que no tenían respaldos como convenios firmados. “No se puede pagar algo si no hay respaldo, pero estamos conscientes de que hay que resolver el problema”, indicó.
La legisladora Ana Galarza, por su lado, presentó un video en el que funcionarios de la institución recogían, aparentemente, firmas de adhesión para la organización política ADN.
La ministra Rovira respondió que realizó la investigación pertinente y se determinó que no fue un evento del MIES, ni eran funcionarios del ministerio. Atribuyó esas acciones a fuerzas contrarias al Gobierno Nacional.
Por su parte, Margarita Arotingo, preguntó a la ministra si conocía sobre amenazas de despidos a algunas trabajadoras de los cooperantes de Imbabura, si continuaban exigiendo el pago de sus remuneraciones atrasadas. La ministra negó conocer y solicitó la información sobre la identidad de los funcionarios que estuvieran incurriendo en ese delito, para realizar las respectivas denuncias en Fiscalía. De igual manera, pidió a los miembros de la comisión, realizar las denuncias pertinentes para frenar la corrupción institucional.
Con relación a la denuncia del asambleísta Comps Córdova, manifestó que es una competencia del Ministerio de Salud (MSP), pero que, al ser parte del gabinete del eje social, convocará a una reunión con el MSP y demás instituciones del área social, para articular acciones conjuntas y garantizar que las mujeres gestantes y los neonatos tengan mejor atención médica en el hospital Marco Vinicio Iza.
Para esta reunión, la Comisión de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, convocó también al prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, para que informe sobre la política pública provincial en el marco de atención a la niñez. El prefecto justificó su ausencia y la comisión le volverá a convocar para una próxima fecha.
KC/pv
