La subdirectora de Asuntos Constitucionales de la Procuraduría General del Estado, Rafaela Uzcátegui, presentó sus aportes al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Expresó que no comparte la idea de fijar en un año la conformación de salas de la Corte Constitucional. A su criterio, se debe mantener la alternancia cada mes, para el sorteo de una sala distinta, porque permite un mix de criterios en la admisión de casos. Si se cambia a un año, dijo, no se contará con más posturas que la de una misma sala, pues tendrá un criterio específico de qué casos se admiten o no.
En cuanto a que los plenos de la Corte Constitucional sean públicos, Uzcátegui manifestó que el procedimiento es jurisdiccional y las sentencias se analizan de forma privada. Al hacerlo público se correría el riesgo de que el debate interno empiece a ser una postura de un juez y no de la Corte. Sin embargo, defendió el acceso público a audiencias por medios digitales, proceso que es distinto al de dictar sentencias.
Por otro lado, manifestó que la naturaleza de las garantías es proteger a una persona que han sido vulnerados sus derechos y si las reformas planteadas sugieren que las denuncias o demandas se presenten en la matriz judicial, significaría que muchas personas podrían quedarse sin exigir su garantía constitucional, por cuanto las matrices generalmente quedan en Quito. “Se correría el peligro de centralizar la justicia”, dijo la delegada.
En otro ámbito, en representación de la Defensoría del Pueblo, asistieron Rodrigo Varela y Carlos Albán, quien expusieron sus criterios sobre los proyectos de Ley que Garantiza el Derecho a la Consulta Ambiental, y Ley de Reparación para familiares de víctimas de femicidio.
En cuanto al derecho a la consulta ambiental, manifestaron que al existir una sentencia constitucional, hay la obligación de aprobar una ley que regule el derecho a la consulta ambiental, así como de la consulta previa, libre e informada para los pueblos y nacionalidades indígenas.
El proyecto de ley cuenta con 8 capítulos, cuyo objetivo es la información ambiental, el proceso de la consulta, así como las obligaciones de la Defensoría del Pueblo de vigilar y monitorear dicho proceso. Incluye, también, principios, como que sea previa, libre e informada, participativa, inclusiva, de plazo razonable, intergeneracional, intercultural, entre otros.
Al respecto el asambleísta José Maldonado preguntó si la consulta se va a extender a todas las nacionalidades y pueblos indígenas, en vista de que en algunas culturas el idioma se está perdiendo. Además, manifestó que en algunas nacionalidades no existe tecnología, herramienta que se utilizaría en las consultas, y por tanto no sería una acertada fuente de información.
En respuesta, la Defensoría del Pueblo indicó que una norma planteada en la sentencia constitucional es que la consulta sea flexible, de tal manera que llegue con correcta información a todo el territorio nacional.
En otro punto del orden del día, Carlos Albán y Rodrigo Varela presentaron, además, observaciones al proyecto de Ley de reparación integral a familiares de víctimas de femicidio. A ellos les llama la atención el nombre del proyecto de Ley, porque integra los términos “reparación integral” y “transformadora”. Al respecto dijeron que los términos sí se encuentran en sentencias de la Corte Interamericana y por lo tanto es necesario identificar un correcto concepto del término transformadora.
Sugirieron considerar particularidades en relación al territorio, edad, origen de las personas, porque se debe distinguir la protección especial en relación a si son indígenas, afrodescendientes, montubios, si se encuentran en situación de vulnerabilidad, de movilidad, o en la ruralidad, para generar medidas específicas que debe atender el Estado.
Por otro lado, expresaron que se requiere escuchar la opinión de las niñas, niños y adolescentes por el interés superior de la niñez, el derecho a ser escuchados y a participar en estos procesos.
Estas entre otras observaciones se trataron en la Comisión de Garantías Constitucionales, con el fin de que se encaminen a mejorar los proyectos de ley y sean propuestas garantistas de derechos para el ambiente, nacionalidades y pueblos indígenas, así como para los familiares de víctimas de femicidio.
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