La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad recibió aportes a los proyectos de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio y a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores.
Verónica Carrillo, del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, consideró necesario enfatizar en lo relacionado con la reparación integral que debe ir, no solo a hijas, hijos, padres, madres, sino a los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. También se debe clarificar lo atinente a la aplicación de medidas afirmativas, para evitar la discriminación.
De su lado, Samia Mármol, del Consejo para la Igualdad de Género, se refirió a los datos relacionados con la incidencia de los femicidios, los casos que están directamente vinculados con la violencia intrafamiliar y que dan como resultado la muerte de las mujeres. Explicó que es necesario mantener un sistema articulado que garantice, sobre todo, la verdadera reparación a los familiares de las víctimas.
Entre tanto, Byron Cuesta, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, subrayó que es fundamental considerar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que son, en la mayoría de los casos, los más afectados por el femicidio. Puso énfasis en lo que atañe a mantener solo un registro único de hijos, hijas y familiares de víctimas y no abrir otros subregistros, que podrían generar un conflicto estadístico.
Para Alba Jalón Garcés, de la Defensoría del Pueblo, cuando se produce un femicidio hay una ruptura del tejido social y el Estado es el obligado a la reparación integral para los familiares de las víctimas. Aseguró que es necesario generar y garantizar mecanismos de participación ciudadana. Otro elemento que le preocupa es la revictimización de los hijos e hijas de víctimas de femicidio.
La presidenta de la comisión, Paola Cabezas invitó a los delegados de las distintas entidades públicas y a los miembros de la mesa legislativa a hacer historia, a trabajar juntos en esta ley que busca reparar de manera integral a las víctimas. “Debemos procurar la existencia de un Estado no asistencialista, pero sí un Estado que tome medidas preventivas para evitar que haya más víctimas de femicidio”, subrayó.
Adultos mayores
En torno a las reformas a la Ley de las Personas Adultas Mayores, el delegado de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela consideró necesario tomar en cuenta que se trata de una sector social de atención prioritaria y es indispensable incluir una visión más general, una mirada interseccional, por ejemplo, con medidas direccionadas a adultos mayores de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios, las personas con discapacidad, entre otros aspectos.
Mientras Elizabeth Ordóñez, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, aseguró que se requiere dar a esta ley un enfoque de derechos, ya que es un sector social que se incrementa de forma constante, porque todos, a futuro, seremos parte de él. “Hay que fortalecer la corresponsabilidad en la atención a este grupo poblacional, no solo de la familia, sino fundamentalmente del Estado, porque el cuidado y atención a estas personas debe ser debidamente identificado sea en cuidadores profesionales remunerados (que no tienen relación parental) y los cuidadores cercanos o con vínculo familiar no remunerado”, resaltó.
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