El viceministro de Educación, José Alberto Flores compareció ante la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de informar las medidas que la institución ha tomado para contrarrestar el reclutamiento de menores de edad por grupos de delincuencia organizada.
La comparecencia se dio en el marco del cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que dispuso a la comisión, realizar una revisión exhaustiva de las disposiciones relacionadas con los adolescentes infractores en el proyecto del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA), con el fin de proponer medidas de procedimiento y sanción que contribuyan de manera efectiva a la prevención del reclutamiento de menores por parte de la delincuencia organizada, su rehabilitación y reinserción en la sociedad.
El funcionario aseguró que los índices de reclutamiento en bandas de delincuencia podrían agravarse con la deserción estudiantil. “La problemática no es solo del sistema educativo, es un problema social”, dijo el viceministro. En este contexto, afirmó que se intenta encontrar alianzas estratégicas con los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones nacionales e internacionales para enfrentar este conflicto.
Asimismo, dijo que dentro de las competencias, es responsabilidad del Ministerio de Educación desarrollar entornos protectores y, en este marco, la intención de las autoridades es promover la reinserción escolar, garantizando la permanencia del alumnado en el sistema educativo.
Los factores que llevan a la deserción escolar, según informó el viceministro, son: falta de recursos económicos, embarazo adolescente, trabajo infantil, enfermedades, discapacidad, inseguridad y falta de interés.
Flores explicó los programas para el retorno a las aulas. Entre ellos, mencionó el programa “Todos al aula”, “Servicio de Nivelación y Aceleración Pedagógica” y el “Plan Nacional Aprender a Tiempo”.
Informó que trabajan articuladamente con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, con los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones públicas, que aportan con recursos y capacidades técnicas.
Los legisladores Lucio Gutiérrez, Margarita Arotingo, Samuel Célleri y Arisdely Parrales cuestionaron al compareciente sobre la vigencia de la nueva malla curricular, en la que deben constar las materias de ética y cívica, también sobre los protocolos que se están empleando para la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en las aulas, especialmente en aquellas en las que se han ingresado armas, como en Esmeraldas, y la manera de abordar las desigualdades estudiantiles entre las zonas urbanas y rurales, donde hay ausencia de maestros.
En representación del Consejo de la Judicatura, Cinthya Carrasco, directora de Acceso a los Servicios de Justicia, expuso el funcionamiento de la justicia, respecto de los adolescentes en conflicto con la ley. Su intervención partió de un hito para la justicia juvenil que es una sentencia de la Corte Constitucional que dispone una serie de reformas en el funcionamiento de la justicia juvenil enfocada en la competencia de las unidades judiciales especializadas.
Manifestó que el total de las unidades judiciales de justicia juvenil es de180 unidades y 570 juezas y jueces que brindan atención especializada, bajo un modelo de trabajo integrado con la Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, SNAI y Consejo de la Judicatura, bajo los principios de garantizar la imparcialidad y especialización en el juzgamiento, un plan de formación integral para los operadores de justicia, entre otros.
Para el legislador, Lucio Gutiérrez, las leyes son muy permisivas con los adolescentes infractores, situación que es aprovechada por los grupos de delincuencia organizada. “Una reinserción en la sociedad no sucede. Salen con mayor conocimiento de la delincuencia”, manifestó Gutiérrez.
Consideró que es necesario endurecer las penas de los adolescentes infractores. La sesión culminó con la respuesta de Cinthya Carrasco, quien recalcó que las medidas punitivas podrían llegar a ser impugnadas porque la Constitución no lo permite, ya que los infractores menores de edad deben tener otro tipo de juzgamiento.
KC/pv
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