En el contexto de la evaluación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Comisión de Justicia escuchó las intervenciones de Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura; Diana Salazar, fiscal general del Estado; Ángel Torres, defensor Público; y, César Córdova, defensor del Pueblo.
Durante su comparecencia Diana Salazar destacó los esfuerzos de la Fiscalía en brindar atención a las víctimas de violencia, mediante programas de capacitación implementados tanto en 2023 como en 2024. Estos programas incluyen jornadas de prevención y autocuidado, protocolos para investigar femicidios y otras formas de violencia contra mujeres y niñas, así como normativas para la atención integral a víctimas de violencia de género y graves violaciones de derechos humanos, además de aspectos relacionados con ciberseguridad desde una perspectiva de género, entre otros temas.
En cuanto al eje de protección, resaltó que la asistencia brindada abarca desde el ámbito social, psicológico y jurídico hasta la protección procesal, la coordinación interinstitucional e interdisciplinaria. Además, mencionó la implementación de acciones complementarias, como la gestión de patrocinio legal en colaboración con la Defensoría Pública para las personas protegidas víctimas sobrevivientes.
Por su parte, Ángel Torres, defensor Público, informó las actividades de prevención llevadas a cabo, que incluyen eventos de difusión de servicios dirigidos a la ciudadanía a nivel nacional, como charlas, talleres, eventos educativos, laborales y comunitarios, realizados durante el 2023, sumando un total de 132 eventos sobre prevención de violencia basada en género.
En relación al eje de reparación, enfatizó en la necesidad de solicitar medidas específicas de reparación integral adaptadas a cada caso, para lograr el restablecimiento de la situación previa al acto de vulneración de derechos en la medida de lo posible. Además, destacó la importancia de considerar los impactos diferenciados en las víctimas, teniendo en cuenta enfoques interseccionales con respecto a posibles categorías adicionales de discriminación, como etnia, edad, orientación sexual y nacionalidad.
De su lado, Cinthya Carrasco, directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, enfatizó la importancia de que los funcionarios encargados de atender a las víctimas de violencia de género cuenten con la experiencia adecuada y preferiblemente una formación académica relevante para sus roles y que en lo posible se asegure su estabilidad laboral. Para ello, recomendó la implementación de un plan de vinculación laboral especializado y programas continuos de formación y evaluación.
Indicó que se ha fortalecido la infraestructura y recursos de las unidades judiciales con adecuaciones físicas en 55 unidades, dotándoles de equipamiento tecnológico para garantizar un enfoque de atención que evite revictimizar a la víctima, la instalación de 81 cámaras de Gesell para testimonios anticipados y escucha especializada, la puesta en funcionamiento de 76 salas lúdicas con personal encargado de custodia, materiales didácticos y juegos básicos para el cuidado de niños y niñas, así como la inclusión de 50 peritos intérpretes y traductores en lenguas ancestrales y peritos certificados en lengua de señas.
Por otro lado, César Córdova, defensor del Pueblo, señaló la importancia de abordar de manera integral los derechos humanos en todos sus ámbitos y niveles, para garantizar una protección efectiva para todas las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Manifestó que están comprometidos en proporcionar capacitaciones en derechos humanos para empoderar a la ciudadanía en general y se hagan prevalecer los mismos.
Finalmente, Carlos González, director del Mecanismo de Género, indicó que se han incorporado mesas de trabajo con la participación de diversos actores sociales, organismos internacionales de derechos humanos e instituciones públicas, con el objetivo de desarrollar herramientas para combatir la violencia de género.
MEV/pv
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