La Comisión de Justicia avanzó en el proceso de evaluación y seguimiento de la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para lo que revisó los planes y acciones desarrollados desde instituciones como la Senescyt, gobiernos autónomos descentralizados y el Sistema de Seguridad Integral ECU 911.
El primero en comparecer fue César Vásquez, titular de la Senescyt, quien informó que han tomado varias acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar sus derechos a la educación superior. Mencionó que han avanzado en procesos de capacitación de los funcionarios en materia de violencia de género, se ha fijado entre los requisitos de contratación y permanencia de los servidores no contar con antecedentes penales en casos de violencia contra la mujer y violencia sexual.
Agregó que también han aplicado medidas de protección a favor de mujeres víctimas de violencia, implementaron sistemas de recolección de información sobre violencia y acoso, a través de medios tecnológicos, así como instrumentos y protocolos de valoración de la vulneración y posibles riesgos que tienen las mujeres y que ejecutan un monitoreo y vigilancia del cumplimiento de la norma legal vigente. También informó que trabajan con organismos internacionales, como ONU Mujeres, para actualizar y mejorar los protocolos de actuación frente a violencia de género y contra las mujeres en espacios de educación superior pública.
Pabel Cantos, presidente de Conagopare, que agrupa a las 825 juntas parroquiales rurales, resaltó el trabajo de la Comisión de Justicia para atender esta problemática que gana espacio tanto en la parte rural, como urbana y que como autoridades seccionales aúnan esfuerzos para erradicar la violencia contra la mujer y cambiar la actitud y mentalidad de la sociedad.
Indicó que la acción en esta temática se ajusta a las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). No obstante, advirtió que la falta de presupuesto es uno de los inconvenientes que tienen para la ejecución de los planes y protocolos. Por ello, solicitó al Gobierno asignar los recursos económicos para asumir la competencia que la ley otorga a los GAD, para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
Añadió que han suscrito convenios con cooperación internacional e instituciones de educación superior, para realizar procesos de capacitación para el personal y líderes de las comunidades en materia de violencia de género, al tiempo que enfatizó que una de las principales preocupaciones es garantizar la seguridad y paz de todos los sectores rurales.
Bolívar Tello, director del ECU 911, informó que han desarrollado un aplicativo móvil de atención y procesos de sensibilización en la comunidad, así como un protocolo interinstitucional para la atención de violencia de género contra las mujeres y violencia intrafamiliar, que incluye los procedimientos para la recepción de las alertas y la capacitación de los funcionarios en la atención.
Este protocolo prevé mecanismos para la recepción de las alertas, evaluación y coordinación de la entrega de información para la atención integral, explicó, al indicar que también constan los roles y responsabilidades de las instituciones involucradas en esta tarea para dar una respuesta integral, así como los procedimientos para el seguimiento y monitoreo de la atención, y garantizar la confidencialidad de los datos personalísimos. Entre las actividades realizadas también constan campañas de sensibilización y procesos comunicacionales, como herramientas para prevenir la violencia de género, cambiar actitudes y comportamientos y motivar la llamada al Sistema de Seguridad Integral ECU 911 para reportar la emergencia.
El presidente de la comisión, Fernando Cedeño reiteró el compromiso de continuar trabajando en la evaluación para lograr la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres sea lo más efectiva posible.
PV
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