En la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral se recibieron nuevas observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Armas, de delegados del Ministerio del Interior.
El subsecretario de Seguridad Pública, Guido Núñez afirmó que la iniciativa requiere fomentar procesos de trazabilidad, que permitan relacionar con facilidad al posible autor de un delito con el arma de fuego utilizada en su cometimiento.
“Hasta finales de 2023, el 83 % de muertes violentas fueron ocasionadas por arma de fuego y se incautaron 10.815 armas de diferentes tipos. Además, existen 36.587 que ya se encuentran en centros de acopio”, destacó.
Por este motivo, solicitó que la normativa genere un contexto favorable para su identificación mediante un registro biométrico, marcación de armas y certificación balística, que favorezcan a contar con los datos de sus propietarios. “Estas medidas agilitarán los procedimientos de investigación y procedimientos penales cuando se presente a un imputado al sistema de justicia”, señaló.
Benjamín Molina, jefe de la Unidad de Investigación de Tráfico Ilegal de Armas de Fuego, destacó que la Policía Nacional debe encargarse de emitir un informe de negación para el porte de armas, de comprobarse que el aspirante consta en la base de datos de seguridad ciudadana y orden público, o si tiene registro de aprehensiones y delitos previos.
Además, hizo hincapié en que la normativa debe sentar las bases para crear un mecanismo ágil por el cual la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas compartan información, que permita mejorar la trazabilidad de armas en fuego con fines investigativos.
Finalmente, Efraín Arguello, jefe del Departamento de Análisis de la Información, solicitó a la mesa incluir en el articulado, una diferenciación respecto a las armas de uso militar y policial. “Se requiere definir y discriminar los calibres que cada institución puede utilizar, pues en las escenas del crimen, la Policía Nacional debe repeler si es necesario con munición de un calibre igual o superior a las armas utilizadas en el cometimiento del delito”, resaltó.
Al concluir la sesión, la legisladora Inés Alarcón, presidenta de la comisión, manifestó que la experiencia de la Policía Nacional en la protección del orden interno es de vital importancia en la construcción de una normativa que busca combatir la tenencia ilegal de armas de fuego y en consecuencia el cometimiento de delitos relacionados.
CV/pv
Más fotografías:
