La Comisión del Derecho al Trabajo suma criterios en torno a los proyectos de Ley del Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional; y, de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. También escuchó las demandas de los representantes de la industria del cemento.
En representación de vocales del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), Luis Cadena expuso su criterio legal y constitucional respecto al proyecto de Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional presentado en 2023, por el Consejo Directivo de esa época. A su criterio, se debe elaborar un nuevo proyecto sobre la base de los estudios actuariales actualizados de conformidad con lo que ordena la Corte Constitucional.
Además, que se realicen mesas de trabajo con juristas, para tomar decisiones más adecuadas para beneficiar al conglomerado de pensionistas, que en su gran mayoría son de la tercera y cuarta edad.
Con este criterio coincidió Deogracio Alvarado, de los policías en servicio pasivo de la ciudad de Guayaquil, y pensionistas del Isspol, quien señaló que la propuesta debe fundamentarse en estudios actuariales actualizados. Sugirió hacer un análisis minucioso de la ley, porque a su criterio, perjudica a los aportantes y pensionistas activos y pasivos. “La ley debe ser tratada con equidad, igualdad y equilibrio”, demandó.
Martha Herrera, presidenta de la Unión Nacional de Policías en servicio pasivo, montepío y derechohabientes del Ecuador, se refirió a su propuesta de Ley de Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional.
Destacó que el objetivo es asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos y protección social integral a los miembros de la Policía Nacional, pensionistas de retiro, invalidez, discapacidad, viudedad, orfandad, dependientes que acceden a las prestaciones económicas, sanitarias y servicios de bienestar social, tras manifestar que quieren una ley que sea equitativa y con modelo exitoso frente a una ley caduca y desactualizada.
El asambleísta Jaime Guevara sostuvo que el análisis debe hacerse sobre la base de una propuesta concreta; que se enriquezca con los insumos y la participación activa de sus aportantes. John Polanco propuso unificar las propuestas que versen sobre la materia que cumplan todos los requisitos legales. La recomendación de Asesoría Jurídica de la Comisión es acoger las observaciones para incluirlas en una matriz.
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
Jorge Villavicencio, presidente de la Federación Regional Norte de Militares en Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas Shyris, aseguró que el proyecto contiene aspectos que no le favorecen y que se sienten injustamente tratados por quienes debieron haberles prestado seguridad solidaria, incluyente y equitativa.
A criterio de Daniel Erazo, militar en servicio activo del Ejército Ecuatoriano, la propuesta de ley resultaría colosalmente lesiva para los derechos del personal militar. Pidió representación en la conformación del Consejo Directivo, toda vez que la tropa son el 80 %, y ahora está orientada para que tenga representatividad solo de los oficiales; pidió concursos de méritos y oposición para la transparencia del trabajo y que se mantenga el tiempo de la cesantía.
Para el presidente de la Federación de Militares Patria, que agrupa a seis Asociaciones de Militares de Servicio Activo y Pasivo, Álvaro Díaz, el proyecto garantiza la sostenibilidad del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas, ya que fue sustentado técnicamente en estudios actuariales realizados por el Issfa para atender en el tiempo las diferentes prestaciones de seguridad social al personal militar retirado. Argumentó que la propuesta está amparada en la sentencia de la Corte Constitucional.
Industrias del Cemento
Igualmente, los legisladores escucharon las demandas de los presidentes de las Asociaciones de Jubilados de Cementos Guapán; y, Cemento Chimborazo, Wilson Romero y Mario Ortiz, respectivamente, quienes expusieron los fundamentos de las posibles vulneraciones a los derechos de los trabajadores de la industria del cemento. Romero explicó que el Seguro Social presentó ante la Corte Constitucional un informe minúsculo, que no garantiza el derecho de los trabajadores de la cementera, ya que la sentencia señaló que hubo negligencia para asegurar la estabilidad.
Mabel Méndez pidió se fiscalice este caso, pues la Corte Constitucional dispuso al IESS ser responsable con los trabajadores, lo cual no se ha podido cumplir por falta de decisión del Ejecutivo. Mocionó la conformación de una mesa técnica para dar seguimiento al tema, requerir información y disponer las comparecencias necesarias, misma que contó con respaldo mayoritario.
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