La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales escuchó las propuestas e intervenciones de rectores de diversas universidades, quienes aportaron con sus propuestas y observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior.
Rebeca Castellanos, rectora de la Universidad Nacional de Educación, sugirió que las universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como privadas, destinen al menos el 3 % de sus presupuestos a actividades de vinculación con la sociedad.
Estas actividades abarcan programas, proyectos y servicios comunitarios, educación continua, consultorías, gestión de redes, cooperación y desarrollo, y difusión del conocimiento, iniciativas que deben ser planificadas, ejecutadas, monitoreadas y evaluadas sistemáticamente para democratizar el conocimiento y fomentar la innovación social, añadió.
Además, propuso que el personal académico tenga la opción de ejercer sus funciones a tiempo completo, medio tiempo o parcial, y, previo acuerdo, exclusiva o no exclusiva. A tiempo completo sería de cuarenta horas semanales; medio tiempo, veinte horas; y parcial, menos de veinte horas.
Según su propuesta, los profesores e investigadores titulares podrían ser principales, agregados o auxiliares, y desempeñar simultáneamente dos o más cargos en el sistema educativo, público o privado, siempre que no sean a tiempo completo y no afecten la calidad de la educación superior. Castellanos sugirió que las instituciones que no cuenten con suficiente personal académico titular para formar la Comisión de Evaluación en concursos de méritos y oposición, puedan incluir personal académico titular externo y/o no titular de la misma institución, siempre que tengan la formación, experiencia y conocimientos necesarios.
Carlos Amaya, delegado de la Universidad Metropolitana, destacó la importancia de la autonomía de las instituciones de educación superior y propuso que el título de PhD no sea el único requisito para ser rector. Sugirió que se considere la experiencia profesional acumulada a lo largo de los años.
Además, subrayó la necesidad de un marco regulatorio claro y estricto que regule a las instituciones de educación superior internacionales, proponiendo que estas no ofrezcan programas en línea de manera independiente, sino bajo convenio con universidades ecuatorianas.
De su lado, Mauricio López Ochoa, procurador nacional de la Universidad Metropolitana, señaló que las universidades extranjeras no tienen autorización para operar en territorio nacional y que, en muchos casos, los títulos que otorgan no son válidos en Ecuador, lo que perjudica a los estudiantes. También planteó la necesidad de regular los fondos destinados a la educación en línea para evitar abusos.
La asambleísta Cecilia Baltazar resaltó la necesidad de que los docentes dispongan de tiempo suficiente para realizar investigaciones y se asignen los presupuestos para estos procesos.
Réplicas y consideraciones finales
Mauricio López Ochoa respondió que los requisitos actuales se centran en el PhD, investigaciones y experiencia laboral, y que el rectorado no debería requerir necesariamente un PhD debido a sus responsabilidades administrativas. En contraste, Rebeca Castellanos defendió la necesidad de que los rectores posean un título PhD, argumentando que el conocimiento académico es esencial para dirigir una institución educativa de manera efectiva.
Estas y otras observaciones presentadas serán analizadas en el pleno de la Comisión de Educación para la construcción de una normativa legal efectiva y técnica.
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