Los asambleístas Héctor Valladarez y Andrea Rivadeneira, representantes de la provincia de Zamora Chinchipe, presentaron el proyecto de reformas a la Ley de Minería para Garantizar la Redistribución de Recursos Provenientes de Patentes de Conservación para Concesión Minera entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales (GADPR).
Esta propuesta tiene como objetivo fundamental asegurar una redistribución equitativa de los recursos generados por las patentes mineras a la GAD parroquiales rurales y con ello, devolverle al territorio de donde se están extrayendo los minerales, recursos para la conservación del ambiente e impulso al fomento productivo sustentable que se realiza en el sector rural del país, manifestó el legislador Valladarez.
Esta reforma establece que el 100 % de los ingresos recaudados, por concepto de patentes de conservación para concesiones mineras, sean destinados a los GAD Parroquiales Rurales, que se distribuirán de la siguiente manera:
Distribución Equitativa: El 50 % de los ingresos totales se dividirá por igual entre todos los GADPR.
Asignación por Concesiones: Los GADPR que tengan concesiones mineras en su territorio, recibirán el 50 % restante de los ingresos generados por las patentes de conservación de esas concesiones. En caso de que una concesión abarque múltiples parroquias rurales, el monto se dividirá equitativamente entre ellas.
Según el proyecto, los fondos serán transferidos de manera automática y oportuna desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las subcuentas de los GADPR, a través del Banco Central del Ecuador, antes del 31 de mayo de cada año.
Además, para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley, se establece que el Servicio de Rentas Internas (SRI) será responsable de la recaudación de estas patentes y deberá informar al Banco Central y al Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales sobre los ingresos generados.
También se incluyen disposiciones transitorias que establecen plazos para la elaboración de reglamentos específicos y normativa secundaria para asegurar la implementación efectiva de la ley.
“La minería ha causado grandes impactos sobre todo en el ámbito social, especialmente de los sectores más sensibles, afectando el tejido social, por lo que la reforma busca que las tasas por pago de conservación de patentes que corresponde a los concesionarios mineros que cancelan anualmente, sean direccionados y distribuidos a las juntas parroquiales”, afirmó la legisladora Andrea Rivadeneira.
MEV/pv
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