La Comisión del Derecho a la Salud avanza en el proceso de fiscalización conforme a la disposición del Pleno de la Asamblea, respecto a la deuda que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con las clínicas de diálisis, para atender los tratamientos de los pacientes con insuficiencia renal que requieren de manera urgente y podrían fallecer si se suspenden estos procedimientos.
La directora general del IESS, Milena Charfuelan, junto a personal técnico, sostuvo que los pacientes con enfermedad renal en el Seguro Social están en aumento: en el 2022, fueron de 69.202 y en lo que va del 2024, 91.160. En cuanto a las dializadoras de enero a mayo 2024 se ha pagado 33.4 millones de dólares y hay deudas desde el 2016 por un total de 272 millones.
Dijo que como administración implementaron la resolución 006, para el pago a los prestadores de salud, aunque en los actuales momentos no cuentan con la liquidez para pagar , pero que de a poco llegarán los recursos.
Los legisladores hicieron énfasis en la deficiencia en el sistema de salud. Camilo Salinas evidenció la falta de pago a las clínicas que prestan servicios al Estado. Detalló que en 2021 se pagó 726 millones de dólares, en el 2022, 690 millones, en el 2024 apenas 125 millones, y deberían haber pagado no menos de 400 millones. Afirmó que el IESS no está pagando de manera equitativa y que la fórmula indicada por su titular no funciona toda vez que existe incoherencia en cuanto a cifras.
Los parlamentarios expusieron su preocupación ante el alarmante crecimiento de ciudadanos que se hacen diálisis y la falta de pago a las instituciones que prestan estos servicios. Pidieron se especifique cómo se está solventando el tema de las deudas sobre los porcentajes y parámetros determinados para cada provincia; la necesidad de que exista un plan de fortalecimiento y consulta, y cuestionaron que si no hay liquidez por qué se direccionan los pagos.
También plantearon que se vuelva a convocar al Presidente del Consejo Directivo del IESS, no solo para tratar el tema de los pagos, sino para que informe sobre los contratos; la tasa de mortalidad de las personas con enfermedad renal; tiempo de vida de una persona sin atención de diálisis. Además, sobre las medidas específicas y estrategias, que se han implementado para asegurar la atención de quienes requieren diálisis.
Cáncer Uterino
Por último, la comisión aprobó, con 9 votos, el informe para primer debate del proyecto de Ley de Regulación para la Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino que establece un marco normativo para la prevención y control de esta enfermedad, a través de la planificación y ejecución de estrategias y políticas públicas tendientes a brindar una atención integral para la población.
Según el documento, el objetivo es acelerar el progreso hacia la eliminación del cáncer cérvico uterino como problema de salud pública, mediante la reducción en un tercio de las tasas de incidencia y de mortalidad para el 2030, propósito que está en consonancia con la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
RSA/pv
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