Hoy, en la Comisión de Soberanía Alimentaria fueron recibidos varios actores productivos del país para discutir temas relacionados con el pago de tasas por servicio de inspección sanitaria en camales municipales y el proyecto de Código Integral de Reactivación del Sector Agropecuario y Pesca.
Sector porcino
Paúl Parra y Carmen Simone, representantes del sector porcino, expusieron su preocupación sobre el pago de tasas de inspección sanitaria en camales municipales.
Parra resaltó que el sector porcino produce carne de cerdo para abastecer el 98 % de la demanda nacional, una actividad que genera empleo para 160 mil productores en todo el país. La situación actual afecta su operación, incrementando costos y perjudicando la competitividad. Solicitó apoyo para eliminar el cobro indebido de tasas de reinspección sanitaria, argumentando que la única forma de combatir el contrabando es tener costos competitivos.
Carmen Simone, abogada del sector porcino, advirtió que las tasas de reinspección se han convertido en un tributo que graba el ingreso de carne cuando ha sido faenada en otra circunscripción cantonal. “Esto atenta contra el libre intercambio y no se refleja en ningún control sanitario efectivo, estas tasas carecen de carácter jurídico y técnico debido a la falta de un servicio tangible”, subrayó.
Viviana Zambrano, asambleísta, indicó que los GAD se sienten respaldados por sus ordenanzas, pero cuestionó la justificación de cobrar un impuesto adicional sin proveer un servicio. Jorge Miranda expresó que aunque es un tema local, la afectación a la producción nacional requiere algún tipo de fiscalización. Erwin Mendoza solicitó al presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) envíe las ordenanzas sobre camales y tributos establecidos.
Wilson Almeida, director ejecutivo de AGROCALIDAD, explicó las competencias de la institución en la inspección sanitaria de alimentos y la normativa sobre la reinspección sanitaria. Existe un manual de procedimientos para la regulación y control, que regula la movilización en función del certificado de origen para facilitar los controles en carreteras y mercados, así como la reinspección sanitaria. Para autorizar una reinspección se requiere tener un Procedimiento Operativo Estandarizado, solo tres municipios han solicitado la reinspección, pero no han cumplido los criterios establecidos, enfatizó.
Indicó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) pueden implementar costos por servicios, siempre y cuando cumplan los parámetros que deben ser validados por AGROCALIDAD, como es el caso de la reinspección.
Observaciones de los legisladores
Viviana Zambrano mencionó que si tres municipios solicitaron las normativas de reinspección y ninguno cumplió los criterios, no debería aplicarse el costo de la reinspección. Jorge Bravo expresó su preocupación por el cobro de tasas sin haber cumplido los criterios de reinspección que exige AGROCALIDAD. Señaló que no se puede cobrar una tasa que no cumple los parámetros de su cobro. Finalmente, Patricia Núñez subrayó la importancia de tener la versión del presidente de la AME. Si los GADS están cobrando tasas que no les competen, estas ordenanzas quedarían invalidadas por ser inconstitucionales, agregó.
Sector lechero
En otro punto de la sesión, Luis López Barrionuevo, representante de la Federación Nacional de Productores de Leche del Ecuador (FENAPROLE), expuso los aportes y observaciones al proyecto de Código Integral de Reactivación del Sector Agropecuario y Pesca. Expresó que el 70 % de los productores lecheros son mujeres y enfatizó en la necesidad de un código que apoye a los productores rurales.
Propuso políticas agropecuarias que incluyan un registro nacional agropecuario, la identificación como productores en la cédula de identidad y mejoras en financiamiento y herramientas de producción para asegurar la continuidad del sector.
Aportes de COPISA
César Gallegos, asesor jurídico de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), destacó la necesidad de abordar la soberanía alimentaria como derecho y principio de la economía nacional. Propuso la diversificación de cultivos y un Ecuador libre de transgénicos y semillas genéticamente modificadas.
Comité de Defensa del Agricultor
José Luis García, representante del Comité de Defensa del Agricultor, expresó su preocupación por los altos costos de producción que enfrentan los agricultores maiceros. Solicitó que el código reconozca únicamente a la semilla local para fortalecer la producción nacional y proteger el empleo de los productores maiceros.
SJ/pv
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