La Comisión de Seguridad Integral recibió en su mesa de trabajo a Janeth Gavilanes, delegada del Ministerio del Interior y Peter Cabrera, del Consejo de la Judicatura (CJ), para analizar la ratificación del Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia.
Janeth Gavilanes informó que su cartera de Estado ya ejecuta acciones para contrarrestar la ciberdelincuencia, a través de sus departamentos especializados en el tema. Sin embargo, “es necesario contar con un marco normativo encaminado a combatir los ciberdelitos transnacionales, como lo es el Convenio de Budapest”, dijo.
En el caso ecuatoriano, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Telecomunicaciones ya se encuentran armonizadas y cuentan con la tipificación de varios delitos considerados también en el instrumento internacional, lo que facilita su ratificación.
Además, informó que el convenio contempla dos protocolos adicionales, que el Ecuador puede firmar de forma independiente, uno para combatir la xenofobia y el racismo, y otro para el manejo de pruebas digitales a usarse como pruebas judiciales,
Mientras que Peter Cabrera informó que el CJ capacitará, entre los meses de agosto y octubre del 2024, a jueces a nivel nacional en el tratamiento de ciberdelitos.
En otro orden, delegados de las tres ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA) solicitaron a la comisión avocar conocimiento de una iniciativa interpretativa a la Ley de Personal y Disciplina de las FFAA, para acoger a los suboficiales desvinculados en 2019, 2020, 2021 y 2022, en el incentivo por jubilación, correspondiente a cinco salarios básicos unificados del trabajador por cada año de servicio.
Octavio Mendia, del Ejército; Marco Viteri, de la Fuerza Naval; y, Julio Mendieta, de la Fuerza Aérea coincidieron en que su generación es parte de los héroes y heroínas que consiguieron la victoria en el Alto Cenepa y merecen ser considerados en este incentivo por jubilación, como reconocimiento al honroso cumplimiento de su servicio.
Finalmente, la mesa legislativa resolvió solicitar al Ministerio del Interior un informe de seguridad y riesgos, para determinar la viabilidad de sesionar en Durán, en virtud de conocer de primera mano las necesidades de la población a causa de la elevada criminalidad en este cantón de la provincia del Guayas.
CV/pv
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