La fundamentación para el incremento de penas, los parámetros para determinar el tiempo de sanción, el rol de las Fuerzas Armadas y la reducción de plazos en el proceso de extinción de dominio fueron, esta vez, los temas que centraron el análisis por parte de los comparecientes en la Comisión Multipartidista que analiza el proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024.
En este sentido, el juez de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela sugirió que en la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), se justifique en la parte considerativa el por qué del incremento de penas en los delitos, tomando en cuenta que debe existir una proporcionalidad entre la infracción y la sanción.
Con relación a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio sugirió que se reforme el artículo 3, porque tiene imprecisiones de orden técnico – jurídico. Añadió que los bienes motivo de la extinción de dominio deben ir en beneficio del sistema de justicia penal y advirtió que según el texto existe la posibilidad de plantear el recurso de revisión, pese a que este es de carácter penal.
De su lado, el docente universitario, Pablo Encalada planteó que los asambleístas consideren varios parámetros para establecer las penas: si son delitos de daño o de peligro; si son delitos tentados o consumados; y, si son delitos dolosos o culposos. Citó el delito de terrorismo, en donde de 10 a 13 años se propone 19 a 22 años; así como de 7 a 10 años en delincuencia organizada que se plantea 22 a 26 años.
También con relación a la reforma penal, la consultora política en temas de Seguridad Pública y Estado, Katherine Herrera reflexionó sobre el enfoque de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, en cuatro áreas: sistema de rehabilitación social, fronteras, puertos y minería ilegal. Sostuvo que con el incremento de penas se criminalizará la mano de obra barata y no a los cabecillas, que les contratan para el cometimiento de los delitos.
El docente y especialista en temas de Seguridad, Inteligencia y Política Pública Prospectiva, Diómedes Palacios, se refirió a la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y a la necesidad de simplificar los plazos tal como se ordena en la consulta popular, por lo que planteó reducciones en ciertas diligencias dentro de las fases de investigación patrimonial y judicial, en total de 826 días a 267, equivalente al 67 % del tiempo.
La Comisión Multipartidista además recibió los comentarios del experto en Derecho Penal, Gustavo Villamarín, quien realizó precisiones respecto a la tenencia y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El experto en criminología, Pedro Páez Bimos mencionó que en países en donde existen penas altas no se han solucionado los problemas, siendo necesario un sistema económico y social enfocado en las causas.
Las inquietudes de los asambleístas giraron sobre la aplicación de la ley, el principio constitucional de presunción de inocencia y plazos.
AM/pv
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