La Comisión de Garantías Constitucionales retomó el estudio del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades, para lo cual escuchó las observaciones de Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador; Paúl Corral, director Jurídico de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias; y, Fernando Robalino, de la empresa multinacional de consultoría de impuestos.
Fernando Robalino, tras recordar que la ley que se pretende reformar está en vigencia desde 2012 y que en el Ministerio de Salud están registradas 471 mil personas con discapacidad, expresó que para la aplicación de las exoneraciones tributaria es necesario considerar los artículos 300 y 301 de la Constitución, que se refiere a los principios rectores de esta área del derecho, entre ellos eficiencia, progresividad y suficiencia recaudatoria.
También sugirió aclarar el porcentaje de discapacidad para que una persona con discapacidad acceda a los beneficios tributarios. Respaldó la propuesta de exonerar los tributos al comercio exterior sobre los bienes de primer uso, lo que mejorará su calidad de vida. “Esta medida no generará impacto en la política tributaria y recaudatoria”, añadió.
Por último, consideró que es excesivo el plazo de 90 días para la devolución del IVA a las personas con discapacidad, a la vez que recomendó fijar sanciones pecuniarias y administrativas a los responsables de irregularidades en la entrega de carnés de discapacidad, a fin de brindar seguridad jurídica a este grupo prioritario.
Paúl Corral Ponce centró sus observaciones a la propuesta que incrementa del 4 al 8 % el porcentaje de personas con discapacidad que deben ser contratadas en empresas públicas y privadas.
Explicó que según el INEC existen 300 mil personas con discapacidad en edad de trabajar, entre 19 y 64 años de edad, mientras que la población económicamente activa (PEA) con discapacidad es de 166 mil, que representa el 1.9 % del total de la PEA, es decir, no llega ni siquiera al 4 %, lo que podría dar lugar a incumplimientos y sanciones.
Afirmó que desde el sector privado trabajan en generar un mercado laboral más inclusivo y programas de apoyo para la contratación, sensibilización y capacitación de los empleadores, a la vez advirtió que al momento existe la tasa más alta de informalidad laboral, que también tiene incidencia en esta materia.
Finalmente, Marco Rodríguez, al felicitar a la Asamblea y a la comisión por abordar un tema tan importante para la sociedad, respecto a la integración de las personas con capacidades especiales, presentó sus observaciones en torno a la reforma que facilita créditos preferentes en favor de las personas con discapacidad, como medio de inclusión financiera y mejora de su calidad de vida a través de líneas específicas de crédito, con tasas reducidas y condiciones especiales.
Sostuvo que, según la Constitución, hay tres sectores en el sistema financiero: el privado, economía popular solidaria, y la banca pública, que tienen diferentes objetivos de índole constitucional.
Insistió que el sector financiero privado tiene la obligación de preservar los depósitos, mientras que el sector público tiene la misión de otorgar créditos con objetivos sociales o de desarrollo, para lo que cuenta con incentivos y elementos normativos que le permiten avanzar en este tipo de créditos.
La presidenta de la comisión, Paola Cabezas solicitó a los comparecientes que presenten sus observaciones al proyecto, que serán evaluados para la elaboración del informe que deberá ser conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional.
PV
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