En el marco del proyecto de Ley de Primera Infancia, la Comisión de Protección Integral para las Niñas, Niños y Adolescentes recibió a Grace Vásquez, de la Fundación ChildFund.
En su introducción, se refirió a la situación crítica en la que se encuentra la atención a la niñez, básicamente por el desconocimiento de sus padres, razón por la cual merma la atención prioritaria en salud física y psicológica, así como en nutrición, afecto y los cuidados básicos que en la primera infancia deben recibir.
Manifestó, además, que el maltrato físico es una de las problemáticas más severas que experimentan los niños de entre 1 y 5 años. “Al 2018 se registró un 50 % de esta población, violentada físicamente y psicológicamente”, sostuvo.
Los datos estadísticos reflejan que, al menos, un millón de niños y niñas presentan problemas de exclusión, rezago dentro de los servicios de cuidado, desarrollo infantil y educación. Todas las privaciones en la primera infancia se arrastran a edades superiores. “En el Ecuador existen 400 mil niños con sobreedad en el sistema educativo”, subrayó.
Añadió que en el país existe una idea distorsionada de los cuidados de los niños de la primera infancia, como el cuidado y salud como la última opción a la que atiende la familia, reclamó.
En el análisis del proyecto de ley, Grace Vásquez reconoció que existen avances en la iniciativa legislativa que muestran la decisión de la Asamblea de avanzar y fortalecer los servicios integrados con enfoque coordinado, integral y multisectorial de la primera infancia. Agregó que la implementación de la ley, depende también de la aprobación del COPINNA y del fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez.
Asimismo, sugirió que se incorporen dos principios rectores, la indivisibilidad y la interdependencia de derechos. Además, enfatizó que son indispensables medidas especiales de protección para el cumplimiento de los derechos de los menores.
Por otro lado, observó que es necesario “dejar de reproducir patrones sociales que depositan el peso del cuidado y la protección sobre la madre”. En este contexto, dijo, el apego debe ser hacia sus progenitores y no solo a la madre, así como las responsabilidades hacia los infantes, debe ser de padre y madre.
Entre otros criterios, respondió a preguntas de los comisionados Arisdely Parrales, Lucio Gutiérrez y César Ugsha, que centraron sus inquietudes sobre experiencias internacionales para implementarlas en Ecuador, el derecho de los niños a participar y alzar su voz, derecho a la salud en comunidades rurales, embarazos prematuros, maternidad no deseada de adolescentes y políticas públicas para controlar el problema.
En otro tema, la Comisión de la Niñez y Adolescencia continuó el tratamiento del tema de adolescentes en conflicto con la ley. Comparecieron Francisco Cevallos, de Somos Consultores; y, Manuel Martínez, de la organización Pacto por la Niñez y Adolescencia.
Cevallos expuso sobre su estudio denominado “Ecuador, niñez y adolescencia en 360 grados”, en el que trata la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Al respecto, Cevallos indicó que desde 2018, el tipo de violencia en Ecuador cambió de ser social o intrapersonal a ser criminal, es decir, la causa de muerte de niños y adolescentes es por homicidios en manos de grupos de delincuencia organizada, cuya forma de operar es a través del reclutamiento de menores, factor que se facilita cuando existen circunstancias de pobreza y de inacceso a políticas públicas en educación, salud y de cumplimiento de los derechos de la infancia.
Entre las recomendaciones que el experto dio se encuentra la toma de acciones de prevención de reclutamiento de menores, así como medidas de atención y reparación; la formulación de estrategias y mecanismos para la desvinculación de los menores reclutados por los grupos delincuenciales; articulación interinstitucional, intersectorial, multinivel, entre otros.
Por su lado, Manuel Martínez pidió la revisión del libro IV del Copinna, que se refiere al sistema juvenil penal con enfoque restaurativo. Expresó que a nivel regional existe una postura de mano dura para los adolescentes infractores, con lo que no está de acuerdo y planteó que en los libros III y IV del Copinna no exista regresión de derechos.
Como conclusión, el presidente encargado, Samuel Celleri manifestó que la comisión ha trabajado porque se respete el interés superior del niño y que sea considerado como principal política pública, pero que si no hay colaboración de los gobiernos de turno será difícil alcanzar los objetivos propuestos..
KC/pv
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