La Comisión de Garantías Constitucionales avocó conocimiento de dos nuevos proyectos de ley que serán objeto de análisis. El primero sobre a la Consulta Previa, Libre e Informada y el segundo para la aplicación de las Consultas Populares.
Respecto al primero, el legislador proponente, Henry Kronfle mencionó que, “el Ecuador atraviesa por proyectos y procesos extractivos que a menudo generan consecuencias culturales, sociales y ambientales, además generan tensiones y conflictos. Este proyecto busca ser una saludable y equilibrada intersección entre derechos humanos, los de la naturaleza y cualquier iniciativa de desarrollo que respete las garantías constitucionales”, dijo.
De su lado, la asambleísta Sofía Sánchez, proponente de la segunda iniciativa, recalcó que en la actualidad no existen procedimientos de aplicabilidad para las consultas populares, por lo que su ejecución queda a discreción del Ejecutivo en turno. “Este proyecto norma las consecuencias y sanciones al incumplimiento de lo determinado por el pueblo, así como también reglamenta el cómo se le dará cumplimiento”, enfatizó.
Los comisionados Adrián Castro, Paúl Buestán, Jhajaira Urresta, Amado Chávez y Magdalena Robles coincidieron en que es necesario normar las consultas previas, libres e informadas, así como las populares, para evitar los profundos inconvenientes que se han generado entre la población y el Estado por no respetar el derecho a ser consultados.
Así mismo, puntualizaron que estos proyectos son un paso hacia el respeto al derecho que los pueblos tienen sobre sus territorios y sobre las decisiones soberanas expresadas en las urnas.
En otro orden, la comisión recogió observaciones de Margarita Hernández y Nelly Charco, representantes de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y Superintendencia de Bancos, respectivamente, al proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades.
Margarita Hernández, manifestó que más del 80 % de personas con discapacidad que acceden a créditos lo hacen a través de cooperativas y mutualistas pertenecientes al sector de la economía popular, por lo que es importante que la ley prevea, no solo créditos con tasas de interés preferente para este sector, sino créditos dirigidos a vivienda de interés social y público.
De su lado, Nelly Charco señaló que, “generar una reducción del 50 % en el pago de la afiliación voluntaria general para las personas con discapacidad contradice el criterio de sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, establecido en el artículo 368 de la Constitución”.
A su criterio, esta reforma implica una afectación directa al IESS, por lo que debe ser respaldada con estudios actuariales, que aseguren a la institución contar con recursos suficientes para cubrir las prestaciones correspondientes.
Los legisladores solicitaron a los delegados presentes realizar mesas técnicas a fin de implementar estas recomendaciones de manera técnica y considerando las observaciones ciudadanas.
CV/am
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