La legisladora por Manabí, Gabriela Molina presentó una iniciativa legal para regularizar la estabilidad laboral de los servidores públicos, en la que se establece la obligatoriedad de realizar concursos de mérito y oposición para aquellos puestos ocupados, por más de cinco años por servidores de contrato ocasional o nombramiento provisional.
“Esta ley se aplicará en todas las instituciones, entidades u organismos del sector público, para las y los servidores que mantengan contratos de servicios ocasionales por cinco años o más, de manera continuada o interrumpida”, dijo.
La asambleísta enfatizó en que, “este proyecto de ley no generará ningún impacto económico, ni cambio en el Presupuesto General del Estado, pues los servidores públicos con nombramiento permanente conservarán el mismo nivel remunerativo que venía percibiendo con el contrato ocasional o nombramiento provisional”.
En sus 9 artículos, la norma establece los parámetros que se valorarán para la realización de los concursos, entre ellos, la profesionalización del servidor o servidora, su experiencia en el puesto, los años de servicios prestados y la asignación de 2 puntos adicionales por cada año de servicio, como acciones afirmativas.
“A diciembre del 2023, el Ministerio de Trabajo registró a 492.615 funcionarios públicos dentro de las entidades que forman parte del Presupuesto del Estado. De estos, el 22 %, es decir 109.684 servidores públicos tenían contratos ocasionales”, detalló.
La legisladora proponente mencionó que este propuesta normativa busca otorgarle justicia social y laboral a las y los servidores de las instituciones públicas del Estado que son estratégicas y de vital importancia para la ciudadanía.
CV/am
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