Para continuar con el tratamiento del proyecto de Ley para el Cumplimiento de la Voluntad Popular, en lo Relativo a la Prohibición del Arbitraje Internacional, la Comisión de Justicia recibió en su mesa de trabajo a académicos nacionales e internacionales.
El primero en intervenir fue Sebastián Espinoza, docente de la Universidad de las Américas (UDLA), quien centró su participación en que, “la prohibición del arbitraje internacional se refiere únicamente a los tratados internacionales y no se extiende a la firma de contratos, en los cuales, como norma general en las relaciones de comercio internacional, el Estado no actúa en su capacidad soberana, sino regido por las reglas de la contratación internacional".
A consideración del experto, “se debe salvaguardar la capacidad regulatoria del Estado, determinar las potestades soberanas de gestión, es decir la posibilidad de celebrar contratos comerciales, como no sujetas al arbitraje internacional, pues son otra forma de someter al Estado a una jurisdicción extranjera.
Javier Echaide, de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Nicolás Perrone, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso (UV) coincidieron con este criterio al mencionar que, “los tratados bilaterales de inversión no son la única fuente por la que se abre la posibilidad del arbitraje internacional”.
Los docentes observaron algunos puntos adicionales sobre la resolución de disputas con inversionistas extranjeros. “Esta discusión requiere abandonar su componente ideológico y enfocarla en los costos, beneficios y riesgos del arbitraje internacional”, dijeron.
“Según la ONU, la inversión extranjera es considerada muy importante para el desarrollo sostenible de los Estados y la implementación de la agenda 2030, porque puede atraer la transferencia de tecnología que permita luchar, por ejemplo, contra el cambio climático”, detallaron.
Finalmente, Nicolás Perrone señaló que no toda la inversión extranjera es sostenible ni ideal para el desarrollo de un país, por lo que es fundamental establecer mecanismos, en la legislación, que permitan distinguir las inversiones útiles de las perjudiciales.
Al concluir la sesión, el legislador Fernando Cedeño, presidente de la comisión destacó la importancia de recibir criterios de académicos, expertos en la materia, para construir una normativa que respete la voluntad popular expresada en las urnas, el pasado 21 de abril del 2024.
CV/am
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