Carla Cruz, legisladora por la circunscripción de América Latina, el Caribe y África, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Exterior, con la finalidad de establecer nuevos requisitos para pertenecer al servicio diplomático en el exterior.
A consideración de la proponente, “las relaciones internacionales en la actualidad se han complejizado y diversificado de tal forma que la Cancillería ecuatoriana debe estar dotada de eficaces instrumentos jurídicos, políticos y técnicos que aseguren la interacción adecuada, necesaria y conveniente a los intereses nacionales”.
Son seis los requisitos que la legisladora propone, entre ellos: ser ecuatoriano de nacimiento y tener más de veintiún años; gozar de los derechos de participación; acreditar tercer nivel profesional y nivel avanzado en un idioma extranjero; aprobar los cursos de formación de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.
Además, la normativa propone que, en casos excepcionales de conveniencia para el país, el ministro o ministra de Relaciones Exteriores podrá otorgar y registrar nombramientos de Embajador, Jefe de Misión Diplomática o Cónsul General.
En este caso, el elegido por la cartera de Estado, además de los requisitos ya previstos deberá haber prestado servicios relevantes al país, con probidad notoria y reconocido prestigio, “pues las relaciones internacionales suponen la construcción e implementación de estrategias, políticas y planes que hagan posible alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, cooperación y amistad con los diversos actores que forman parte de la comunidad internacional”.
Los nombramientos excepcionales referidos con anterioridad, no podrán exceder el 20 % del total de los funcionarios del servicio exterior y en su otorgamiento se deberá observar equilibrio regional.
Finalmente, la ley reforma las causales para dejar de pertenecer el servicio exterior, estipulando que estás serán: la renuncia voluntaria, destitución resuelta luego del proceso administrativo correspondiente, de conformidad con la ley, pérdida de los derechos de participación o sentencia ejecutoriada en contra del funcionario y el fallecimiento.
CV/am
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