La Comisión de Garantías Constitucionales recibió a representantes de organizaciones de la sociedad civil y delegados de varias carteras ministeriales y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el marco del tratamiento al proyecto que reforma la Ley Orgánica de Discapacidades.
Por parte del ministerio de Relaciones Exteriores acudió a comparecer, en calidad de delegado, Joaquín Durán, quien informó que, “el ministerio, en cumplimiento a la Ley de Discapacidades vigente, ha brindado 10.919 servicios de entrega de pasaportes, registro civil en el exterior, naturalizaciones a personas extranjeras y entrega de visas a personas con discapacidad, desde el año 2023".
También observó los artículos 2 y 5 de la reforma analizada y solicitó precisar los derechos, exoneraciones arancelarias y protección con los que serán favorecidos los familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de las personas con discapacidad.
Por otro lado, Liseth Luzuriaga, delegada del ministerio de Salud, puso en consideración de la mesa legislativa 13 puntos observados por su entidad. Entre las principales, destacó que las definiciones en la norma reformada deben observar lo establecido en la Convención sobre las Personas con Discapacidad y los instrumentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Definir la discapacidad a partir de un porcentaje resulta excluyente y no recoge el impacto real que tiene una discapacidad en la vida de las personas. En el Ecuador existen cerca de 21 mil personas que tienen menos del 25 % de discapacidad y aún así la tienen”, dijo. Para la delegada, son las medidas de acción afirmativa las que se deben considerar a partir del porcentaje y no las definiciones”.
Mientras que el delegado del IESS, David Ruales enmarcó su participación en la necesidad de que se considere realizar, previo a la aprobación de las reformas, estudios actuariales que avalen la pertinencia de reducir 50 % el aporte bajo el régimen de afiliado voluntario o de disminuir del 30 % a 25 % el porcentaje para acceder a la jubilación especial por discapacidad.
Finalmente, Gabriel Crespo, representante de la Asociación de Personas con Discapacidad Física del Cañar se refirió a “la limitada oferta de cupos en Instituciones de Educación Superior (IES) públicas a las que pueden acceder las personas con discapacidad”.
Por esta razón, solicitó a la comisión analizar la posibilidad de reducir el 50 % de los valores en matrículas, colegiaturas o cualquier trámite en IES privadas. “Estas subvenciones fortalecerían el derecho que tienen las personas con discapacidad para incorporarse al sistema educativo garantizado por la Constitución”, dijo.
CV/am
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