La Comisión de Fiscalización y Control Político, desde el inicio del actual período, tramitó seis juicios políticos e investigó presuntos actos de corrupción en el manejo del sector eléctrico; los casos Metástasis, Purga, León de Troya, Poder Policial; la concesión del Puerto de Manta; el traspaso del Oleoducto para Crudos Pesados (OCP) al Estado ecuatoriano; las presuntas irregularidades en el proceso de selección del Defensor Público, entre otros.
Juicios políticos
Inició con el juicio contra Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, por retirar el Bono de Desarrollo Humano a más de un centenar de beneficiarios en condición de vulnerabilidad, proceso sustentado por Eckenner Recalde. Luego, tramitó el juicio contra Fausto Murillo y José Morillo, expresidente y exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), respectivamente, por arrogación de funciones, tráfico de influencias y por incumplir la homologación salarial a los funcionales judiciales, que tuvo a Carlos Vera Mora como interpelante. Bernal, Morillo y Murillo fueron censurados, y Fausto Murillo fue destituido de su cargo.
Después, siguió el proceso contra Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, propuesto por Nicole Saca, por incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis eléctrica, pues conocía las alertas sobre posibles efectos del estiaje que podrían llevar a un racionamiento de energía y no tomó acciones. Así mismo, la mesa legislativa tramitó el juicio político en contra del exministro del Interior, Juan Zapata, presentado por Carlos Vera Mora, por la grave inseguridad en el país. Los dos exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso fueron censurados.
Posteriormente, sustanció el juicio político presentado por Jorge Peñafiel en contra de Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, expresidente y exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ), en su orden, por las irregularidades el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, la prórroga de otros magistrados y las decisiones arbitrarias de la mayoría integrada por los tres miembros del CJ. La comisión recomendó el juicio solo para Muñoz, no obstante, el Pleno resolvió que se continúe con el juicio contra Terán y Barreno. Solo Muñoz fue censurado.
Debido al retiro de firmas de respaldo por varios asambleístas, la Comisión de Fiscalización archivó las solicitudes de juicio político en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; y, Pablo Arosemena, exministro de Economía, propuestas por las asambleístas Patricia Núñez; María Fernanda Araujo; e, Inés Alarcón, respectivamente.
Según el orden de ingreso de las solicitudes de juicio político, los legisladores tramitaron la interpelación contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, propuesta por Jhajaira Urresta, por incumplimiento de funciones en la incursión policial en la Embajada de México en Quito y la captura del exvicepresidente de la República, Jorge Glas. No hubo votos para aprobar el informe, en consecuencia, el Pleno conoció los informes de posiciones de los miembros de la Comisión y archivó el proceso.
Luego, la comisión unificó y calificó el juicio político propuesto por Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, por la incursión en la Embajada de México del pasado 5 de abril, la falta de acción en seguridad, la ausencia de implementación del Plan Fénix, el aumento de muertes en el país y la falta de resultados efectivos. Tras el receso, continuará con la fase de actuación de pruebas de cargo y de descargo.
Investigaciones
La mesa legislativa desarrolló procesos de fiscalización a la crisis del sector eléctrico, a fin de establecer responsabilidades, tanto del anterior, como del actual Gobierno. Uno de los informes responsabiliza políticamente a los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso, así como a los exministros de Energía, Fernando Saltos Alvite y de Finanzas, Pablo Arosemena, por sus acciones u omisiones en este ámbito. El expediente fue remitido al contralor General del Estado, Xavier Torres, a fin de que establezca las posibles responsabilidades civiles, administrativas y penales.
Así mismo, abordó las denuncias del teniente de Policía Rodney Orlando Rengel, quien fue uno de los agentes que investigó el denominado caso “León de Troya”, en el cual se habrían descubierto presuntos vínculos de la mafia albanesa con el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Escuchó al director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Alan Sierra, quien indicó que la entidad se encarga de recopilar información; realizar reportes de operaciones inusuales e injustificadas; y, ejecutar políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos.
También investigó el denominado caso “La Purga”, por el cual la Fiscalía General del Estado desarrolló una serie de allanamientos, principalmente en Guayas, lo cual conllevó la detención de varios jueces, actuales y exservidores del Consejo de la Judicatura (CJ) de esa jurisdicción, entre otros involucrados en presuntos actos de corrupción. Además, analizó los casos Metástasis, León de Troya y Poder Policial.
De igual manera, analizó el proceso de transferencia y entrega del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) al Estado ecuatoriano, una vez que se han cumplido los 20 años del plazo para la construcción y operación de esta importante infraestructura, establecidos en el respectivo contrato.
La mesa legislativa escuchó al presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica del Norte (EMELNORTE), Robinson Mejía, quien explicó que desde el inicio de sus funciones no ha habido desvinculación de servidores, solo se han dado por concluidos los contratos temporales que cumplieron el plazo para el cual fueron suscritos.
A la vez, investigó el contrato de concesión celebrado entre la Terminal Portuaria de Manta y la empresa chilena Agencias Universales (Agunsa), en torno a presuntos perjuicios en contra del Estado ecuatoriano por esta negociación. Igualmente, escuchó a Johanna Verdezoto, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPCCS), entre otros actores, en torno a las denuncias que presuntamente podrían en entredicho la transparencia del proceso de selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
Como parte del trabajo en territorio, escuchó a los diversos sectores productivos y sociales de Galápagos, quienes expusieron los problemas que afronta la Región Insular.
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