En el contexto de la fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, la Comisión de Garantías Constitucionales, durante su sesión número 77, recibió a la socióloga Ingrid García, directora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, quien presentó un análisis detallado sobre las afectaciones técnicas, políticas y los derechos vulnerados de la población afroecuatoriana.
En su exposición destacó las dificultades que enfrenta la población afrodescendiente, especialmente en términos de representación precisa en los censos, lo que tiene implicaciones en la formulación de políticas públicas y el acceso equitativo a recursos y servicios públicos.
Al respecto, el legislador Paúl Buestán expresó su preocupación por los datos del censo, destacando irregularidades que ha identificado. En particular, mencionó que en algunos recintos los ciudadanos no saben a qué jurisdicción corresponden y a quién deben dirigir los trámites administrativos, afectando también la participación política.
Ingrid García añadió que esta problemática debería ser una preocupación para todos los ecuatorianos, ya que el censo es fundamental para la formulación de políticas, acciones y leyes que garanticen el acceso de la población afroecuatoriana a sus derechos. La precisión y fiabilidad del censo son esenciales para asegurar que esta comunidad reciba el reconocimiento y los recursos que le corresponden por derecho.
SH/am
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