En la Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por el asambleísta Virgilio Hernández, personeros de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), expusieron sus puntos de vista sobre el proyecto de reforma al artículo 567 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).La AME solicitó el archivo del documento argumentando que contradice normas legales y constitucionales, mientras que la CNT defendió la propuesta, considerando que las tasas por la utilización del espacio público limita la posibilidad de atender a los sectores más necesitados del país, con obras de redes telefónicas.
César Regalado, gerente General de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, aseguró que el artículo 567 del Cootad que obliga a las empresas públicas o privadas al pago de tasas a los gobiernos autónomos por la colocación de estructuras, postes y tendidos de redes está en clara contradicción con la Ley de Empresas Públicas y varios preceptos constitucionales.
El funcionario comentó que la institución a su cargo, dentro del presupuesto 2011, destinó 35´292.141,00 para el Programa de Inclusión Social, que contempla proyectos de inversión destinados principalmente a dotar conectividad satelital para acceso a Internet de 1.758 escuelas públicas; conectividad a 871 centros de salud pública; 1.200 Infocentros Comunitarios en localidades rurales y urbano marginales; 296 laboratorios de cómputo para escuelas públicas, entre otros.
Advirtió que esa inversión podría verse desfinanciada por desembolsos extraordinarios, como por ejemplo en este caso, el pago de tasas que ascenderían a USD. 29´188.805, en razón de costos por ocupación de vías con red subterránea, de vías con red aérea y por ocupación de postes.
Entre tanto, Guillermo Salazar, asesor jurídico de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, precisó que las ordenanzas que prevén el pago de tasas o regalías ya pasaron oportunamente por el control constitucional, por tanto, la pretendida eliminación ocasionaría un perjuicio económico cercano a los 30 millones de dólares.
Se dejaría de ejecutar proyectos y programas de beneficio social, afirmó, tras enfatizar que el Cootad promueve la eficiencia y la reforma disminuirá recursos a las municipalidades.
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