La falta de salas especializadas para la niñez y adolescencia, la necesidad de fortalecer los procesos de descentralización y desconcentración de la justicia, el sistema de vacancia judicial, fortalecer el reparto equitativo en la carga procesal en los jueces; corregir errores en la sustanciación de procesos, fueron los temas que se analizaron en el marco del primer debate de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.
En el debate la asambleísta María Soledad Vela precisó que en las reformas no se contempla la creación de salas especializadas para niños y adolescentes, existe una sola Sala que se refiere a la Familia, Niñez, Adolescencia y adolescentes infractores, pues hay que tomar en cuenta que son materias distintas y por ende no se estaría garantizando el principio de especialidad establecido en los instrumentos internacionales, en la Constitución y en este mismo cuerpo normativo, lo cual pone en peligro la especialidad, requisito necesario al tratar temas relacionados con derechos por un lado; y, por otro, de responsabilidad de niños, niñas y adolescentes.
A su vez, María Molina, no está de acuerdo con mantener los tribunales distritales de lo contencioso administrativo y contencioso tributario, argumentando que la Constitución manda que dichos tribunales sean sustituidos por salas especializadas de lo contencioso tributario y de lo contencioso administrativo en las cortes provinciales. Existen estadísticas que demuestran que los tribunales distritales que agrupan a varias provincias están saturados de causas administrativas, lo cual hace imposible la resolución en un tiempo razonable de dichas causas.
De su lado, Rolando Panchana, al referirse a la vacancia judicial manifestó que lo conveniente sería volver al anterior sistema que era el más adecuado; mientras que el parlamentario Luis Morales subrayó que fue demagógica la reducción de 31 a 21 el número de magistrados de la Corte Nacional de Justicia, al tiempo de sostener que no se han concretado las ofertas de cambio de justicia que permita la celeridad de la justicia.
Marisol Peñafiel recordó que la Asamblea creó un marco constitucional de la Función Judicial que cumple los principios de inmediatez, celeridad, oportunidad, pero también, apostando al sistema de la oralidad en el país, a la vez que señaló que la reforma tiene como objetivo fortalecer el reparto equitativo en la carga procesal en los jueces de la Corte Nacional de Justicia a través de la eficiencia de una política jurisdiccional, a fin de que la administración de justicia sea oportuna.
El asambleísta Tito Nilton Mendoza subrayó que la administración de la justicia en el Ecuador ha carecido de los dos principios establecidos en la Constitución como son la celeridad y la inmediatez, lo cual ha provocado el represamiento de varias causas por parte de los operadores de justicia.
Por su parte Cristian Viteri dijo que el proyecto tiende a destrabar la sobrecarga de trabajo que existe en ciertas salas de la Corte Nacional de Justicia, pero le preocupa la conformación de los tribunales distritales de la jurisdicción contenciosa tributaria y contenciosa administrativa, tomando en cuenta que existen miles de causas represadas, mientras que Margarita Carranco valoró el alcance del proyecto, pues cualquier reforma que apunta a la protección de víctimas y reparación de daños es oportuna.
Rosana Alvarado reiteró que con la propuesta se busca ajustar el Código de la Función Judicial al Plan Nacional de Desarrollo, por tanto, corregir ciertas dificultades, especialmente en la sustanciación de procesos. La legisladora Yolanda Martínez señaló que incrementar el número de conjueces y jueces temporales permitirá dar celeridad a los procesos.
Jaime abril expresó que es impostergable la redistribución de la carga procesal y que se debe establecer más salas tomando en cuenta la densidad poblacional.
El asambleísta Pedro de la Cruz, encargado de la dirección de la sesión, recordó a los parlamentarios que tienen tres días para presentar sus observaciones a Secretaría General con la finalidad de que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado pueda preparar el informe para segundo debate.
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